Según un informe de Deloitte sobre energía eólica, se está perdiendo una oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel global
A pesar de la recesión en los últimos tres años, la eólica satisfizo el 15,5% de la demanda energética y aumentó su potencia instalada en 1.050MW, situando a España en el cuarto lugar del ranking mundial
La consultora Deloitte ha presentado recientemente un estudio que analiza el impacto socioeconómico de la eólica en España y da a conocer las principales magnitudes económicas del sector: la aportación al PIB, su efecto en la balanza fiscal y comercial, el empleo y la contribución a la autosuficiencia energética, entre otras cuestiones.
Cabe destacar, según Deloitte, que en todos los años analizados (últimos siete) el balance se mantuvo en positivo, con la excepción de 2010, cuando se registraron precios especialmente bajos de la electricidad. El informe también muestra que la eólica satisfizo el 15,5% de la demanda energética y aumentó su potencia instalada en 1.050MW, situando a España en el cuarto lugar del ranking mundial tras China, Estados Unidos y Alemania. Otra de las conclusiones que extrae este informe es que el ahorro en emisiones de CO2 e importaciones de hidrocarburos aportado por la energía eólica entre 2005 y 2011 supera en 3.073 millones de euros el importe de las primas recibidas.
Por otra parte, Deloitte revela que la eólica cumplió en 2011 el tercer año de recesión registrando un descenso del 12,6% de la contribución a la riqueza nacional, conformando un 19,1% desde el primer año de desaceleración. La contribución total del Sector Eólico al PIB en 2011 fue de 2.623 millones de € (suma de la aportación directa e indirecta). Las consecuencias de este deterioro de la actividad eólica son la destrucción de 3.628 empleos en 2011. De la misma manera se ha perdido un 34% de la fuerza laboral desde que se registrase su momento más alto en 2008, con 41.438 trabajadores. El subsector más afectado ha sido la actividad indirecta, que ha pasado de contar con 18.468 trabajadores a 11.306.
En un informe de la misma consultora en 2009, se señalaba que la industria eólica española ocupaba una “adecuada posición competitiva, como consecuencia de años de crecimiento estable y sostenido en todas las fases de la cadena de valor, pero que podría verse perjudicada”. Desde el período 2010-2011, la posición competitiva se ha deteriorado. Aunque las empresas y los profesionales nacionales siguen jugando un papel relevante a nivel mundial, se comienza a perder la actividad en España como referente de capacidad industrial y experiencia y nuevos competidores aparecen con estructuras de coste muy competitivas.
La incertidumbre regulatoria respecto a la evolución del modelo de ingresos de la generación eólica ha detraído la actividad del sector. En los tres últimos años dicha incertidumbre ha supuesto una reducción de la demanda de equipos y componentes por parte de los promotores, lo que ha provocado una caída en la actividad industrial muy relevante, así como la disminución del número de personas empleadas.
Esta situación se ha agudizado con la publicación a principios de 2012 del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, lo que paraliza el desarrollo de nueva potencia eólica en España para los próximos años.
En otro camino, la eólica es una de las tecnologías generadoras de electricidad que más impuestos soporta en España. A las cargas fiscales comunes a los demás tipos de energía (impuesto sobre la electricidad, impuesto sobre sociedades, Impuesto de Actividades Económicas…), hay que sumar las tasas autonómicas (incluidos los cánones medioambientales) y locales (ICIO, BICES). A juicio de los expertos, esta situación supone un grave perjuicio para el sector y dificulta su competencia con otras tecnologías. Además, el sector considera la nueva política fiscal del 20 de diciembre de 2012, penalizadora, y un impedimento para el avance de la energía eólica en España.
Deloitte se ha pronunciado al respecto en dos sentidos, por un lado destacando la necesidad de un marco regulatorio que elimine la incertidumbre y favorezca la inversión, instaurado por el gobierno, y en cuanto a las empresas, recomienda avanzar sobre el modelo de negocio para sacar el máximo partido a las posibilidades que este sector ofrece.
La patronal eólica nacional ha subrayado, en esta línea, que «el sector necesita una regulación que le aporte visibilidad a largo plazo para poder hacer su trabajo» y se ha mostrado dispuesta «a dialogar con el Gobierno para ello». La patronal tiene en consideración la necesidad de acabar con el déficit tarifario, pero apunta que la eólica no es la causante de este problema.
Las principales conclusiones que se desprenden de los datos presentados por Deloitte se resumen en cuatro puntos. En primer lugar, la industria eólica confirma en 2011 su importancia para la economía española, pero reduce por tercer año consecutivo su aportación al PIB. El potencial del sector para contribuir al crecimiento económico del país está claramente infrautilizado. En segundo lugar, esta situación ha sido provocada por decisiones políticas (la falta de un marco retributivo para nuevas instalaciones más allá de 2012, la moratoria que suspende los incentivos renovables, etc.) que amenazan la permanencia de la industria eólica en España: se está perdiendo una oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel global.
En tercer lugar, la industria eólica lleva unos años en proceso de internacionalización, un camino en el que debe perseverar dadas las incertidumbres que pesan sobre el mercado doméstico (si los mercados no van a la industria, la industria va a los mercados). Por último, la solución para dar continuidad en España al sector pasa por un marco regulatorio estable y predecible que incentive la generación eólica. De lo contrario, el país perderá niveles importantes de inversión y empleo en los próximos años.
