El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas que se pretende construir en Villar de Cañas (Cuenca) se ha convertido ya en un nuevo caso que refleja todos los síntomas de nuestro depauperado y corrupto sistema político. Numerosos hechos avalan esa afirmación.
Por un lado, el que se trata de una infraestructura innecesaria con un elevado (y creciente) coste económico que se financiará con dinero público, el cual, al no ser una instalación necesaria, resulta por tanto despilfarrado. Por otro, la decisión de su ubicación en Villar de Cañas fue puramente política, ignorando los criterios técnicos, simplemente porque venía bien para los intereses particulares de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, y del Gobierno de Mariano Rajoy. Además, se ha publicado que con las concesiones de las obras que habría que realizar se pretende lucrar a amigos y familiares de los políticos que han tomado las decisiones.
Las puertas giratorias también hacen acto de presencia en el caso del ATC: Fernando Martí, el secretario de Estado de Energía que, en representación del Gobierno, firmó en 2011 la elección del emplazamiento de Villar de Cañas, es ahora el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y por lo tanto la misma persona que ha firmado la autorización preceptiva y vinculante para que esta instalación se pueda llegar a construir en ese lugar. Esta instalación nuclear es la primera que se licencia en España desde que tenemos democracia, siendo el firmante juez y parte al mismo tiempo.
Y lo más grave de todo: el Pleno del CSN, con un voto particular de la Consejera Cristina Narbona oponiéndose a ello, ha concedido la autorización previa de construcción de este cementerio nuclear en contra de un informe de los propios técnicos del Consejo en el que literalmente se “cuestiona la idoneidad de su emplazamiento». Y todo por las prisas políticas por tratar de dejar encarrilado el proyecto antes de las elecciones generales.
Ese informe del CSN considera que es necesario que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) elabore antes al menos tres nuevos informes (geológico-geofísico-sismológico; geoquímico-petrológico-mineralógico-sedimentológico e hidrológico-hidrogeológico-hidroquímico) en relación con la estabilidad del terreno.
Asimismo, el citado informe refleja que es preciso demostrar la estabilidad y competencia del terreno, acotando los posibles riesgos de colapso y subsidiencia, el comportamiento de las aguas subterráneas y su contribución a posibles riesgos, también el riesgo de inundación externa.
A la hora de seleccionar el citado emplazamiento en Villar de Cañas no se tuvieron en cuenta los factores geológicos y geotécnicos y, por lo que ahora sabemos, se trata de un terreno que se comportará como una esponja cuando se altere como consecuencia de la colocación de cimientos y estructuras. Esta expansión del suelo irá además asociada a procesos de disolución como consecuencia de que hay también sales en las capas de terreno subyacentes, y todo ello con las aguas subterráneas como protagonistas de los cambios geoquímicos, unido al propio calor que van a irradiar estas celdas donde se introducen los residuos radiactivos, que están muy calientes.
En suma, el máximo organismo responsable de garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica en España supedita ambas, ignorando las deficiencias geológicas del emplazamiento, a los intereses políticos del partido que ostenta el poder en el Gobierno central. El ATC demuestra que por encima de todo hay un empeño en hacer negocio, aunque resulte de nuevo una infraestructura innecesaria y con un elevadísimo coste.
En este momento, no es necesario construir un cementerio nuclear centralizado. En realidad, nunca lo fue pues existen otras alternativas, como los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en los emplazamientos de las actuales centrales nucleares.
La opción de los ATI, que es la más utilizada internacionalmente, es una alternativa perfectamente viable en España siendo, además, la posibilidad más ventajosa desde el punto de vista de seguridad y del impacto económico y social.
Respecto al asunto de la seguridad, los transportes por carretera o ferrocarril de todos los residuos radiactivos de alta actividad desde cada una de las centrales nucleares al ATC suponen un gran problema, ya que estos transportes podrían ser objeto de sabotajes y boicots como ya ha ocurrido en Alemania con frecuencia.
Desde el punto de vista económico, la alternativa de los ATI sólo implicaría una inversión adicional 20 ó 25 millones de euros (M€) por cada almacén, ya que no se incurrirían en gastos de transporte o explotación. Sin embargo, el ATC supondría al menos unos costes de inversión de 700 M€, unos costes de explotación de 600 M€ y unos costes de transporte de 100 M€, por lo que el impacto económico total ascendería a 1.400 M€. Y eso sin incluir el elevado coste de las soluciones de ingeniería que habría que aplicar para tratar de resolver los problemas geológicos propios del emplazamiento de Villar de Cañas que ahora se conocen.
Nos encontramos con que actualmente todas las centrales nucleares españolas tienen un ATI, ya sea construido (Zorita, Trillo, Ascó), en fase de construcción (Garoña), o solicitado o en fase de planificación (las demás). Con estos almacenes que operan con el combustible nuclear gastado en seco, se consigue mayor autonomía y seguridad de cada planta con respecto a la situación anterior, donde el combustible estaba en las piscinas, lo que las hacía más vulnerables frente a una posible falta del refrigerante (como sucedió durante el accidente de Fukushima, que provocó que se incendiara el combustible gastado de la piscina del reactor número 3).
Ante esta nueva realidad de los ATI, el proyecto del ATC ha quedado total y definitivamente desfasado. El coste del almacenamiento en Francia de los residuos vitrificados de alta radiactividad resultantes del reprocesamiento en ese país del combustible nuclear gastado de la central de Vandellós-1, no puede ser la excusa para acometer un proyecto como éste sin adecuada planificación y sin las garantías exigibles.
Estos residuos podrían almacenarse actualmente en cualquiera de los ATI existentes, pero además la construcción de un pequeño ATI en la propia central de Vandellós-1, actualmente en desmantelamiento (fue cerrada tras el accidente que sufrió en 1989), sería siempre una solución mucho menos costosa y perfectamente viable.
El proyecto del ATC no ha respetado las reglas democráticas y por eso ahora se pretende aplicar el oscurantismo, dando autorizaciones que solo favorecen a intereses económicos que necesitan ese sustancioso dinero público para seguir obteniendo sus grandes ganancias. Estas malas prácticas solo reflejan lo que estamos denunciando: los intereses empresariales y particulares están por encima de los intereses públicos en la gestión de los residuos radiactivos, pese a que ENRESA es una empresa pública creada para que el Estado haga frente a este problema con el control y el rigor necesarios.
Lo sensato ahora sería dejar trabajar a los expertos, sin presiones ni plazos condicionados por otros intereses y, si como apuntan los datos, el emplazamiento no es adecuado, hacer una revisión del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos para no malgastar el dinero de todos en una infraestructura innecesaria, con un planteamiento anticuado y que no aporta nada, para que las futuras generaciones no tengan que padecer esta carga.
Carlos Bravo
Biólogo, consultor ambiental, miembro de Salvia y Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava
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