Tal y como anticipaba en mi última columna toca hablar de las tarifas, y más concretamente de su estructura. Para el consumidor es algo crucial; cómo pagar por el servicio eléctrico lleva inevitablemente a tomar decisiones sobre si consumir electricidad o no, en qué proporción y en qué momento. Y también, por otro lado, es importante conocer a qué se destina el importe de la factura que se paga.
[pullquote]En el caso de los consumidores domésticos lo que se paga en impuestos y políticas públicas llega al 45% y, en media en la Unión Europea, al 37%.[/pullquote]En un principio no parece muy complejo. En el sector eléctrico encontramos una estructura sencilla, muy similar a la de otros sectores, en la que, por una parte, se paga regularmente una cantidad fija por la capacidad que se contrata y, por otra, se paga en función del consumo. Posteriormente, estos pagos van destinados a cubrir los costes totales del sistema eléctrico.
La complejidad reside en que para que esto funcione bien lo primordial es que se respeten dos premisas básicas; en primer lugar, la estructura de precios fijos y variables debe responder a algo tan razonable como que cada consumidor pague por los costes que ocasiona en el sistema, usando un pago fijo para cubrir los costes que se producen aunque no se esté consumiendo – que no se pueden evitar-, y un pago variable para cubrir los costes que se ocasionan al consumir – típicamente el precio variable responde a la generación eléctrica y el precio fijo a las redes eléctricas-. La segunda premisa es que el nivel de estos precios debe ser aquel que garantice la suficiencia recaudatoria.
En las actividades liberalizadas podemos ver una correspondencia entre los costes y la estructura de los precios, no así en las actividades reguladas, donde no cumple con las premisas planteadas porque no sabemos a qué responde el pago fijo, ni a qué el variable. Sólo sabemos que estos pagos se destinan a cubrir los costes regulados del sistema –que veremos que son algo más que las redes-.
Suficiencia recaudatoria
Con la última restructuración tarifaria tuvimos un aumento de la parte fija de las tarifas de acceso, sin una correspondencia clara con los costes a los que se debe hacer frente que, al fin y al cabo, siguen siendo los mismos. Desde entonces, y cada vez más, asistimos al debate sobre el ajuste de la potencia contratada para reducir la factura. De esta forma se está dando a entender que hay capacidad ociosa y que el consumidor paga más de lo que debiera. O lo que es lo mismo, que por el uso de las redes se recauda más de lo que se debiera. Es decir, que no se respeta la segunda de las premisas anteriores: la suficiencia recaudatoria.
Pero, al margen de las consideraciones más elementales sobre el dimensionamiento correcto de la potencia que debemos contratar, el debate de fondo es otro, porque los ingresos totales son iguales a los costes y la suficiencia recaudatoria se cumple. No se recauda de más y, de hecho, la última reforma solucionó el problema de la insuficiencia, pero está pendiente la reforma de la estructura de los precios.
Desde mi punto de vista tendemos a olvidar que las empresas eléctricas hacen las veces de recaudadores de lo público. Por un lado cobran por el servicio de producir, transportar, distribuir y comercializar la electricidad – que es a lo que se dedican -, por otro, recaudan para cubrir diversos conceptos de políticas públicas que se ha decidido incluir dentro del recibo y, finalmente, recaudan también los impuestos correspondientes. En el caso de los consumidores domésticos lo que se paga en impuestos y políticas públicas llega al 45% y, en media en la Unión Europea, al 37%.
En nuestro país las políticas públicas alcanzan a día de hoy 10.000 millones de euros (de los aproximadamente 31.000 millones que se pagan antes de impuestos) e independientemente de lo que haga el consumidor se seguirán pagando. ¿Quién? Pues actualmente el consumidor paga un 88% de la totalidad de los costes, los generadores el 9% y el Gobierno el 3% restante. ¿Cómo? Pues, en el caso del consumidor, a través del precio fijo por la potencia contratada y del precio variable por el consumo de la electricidad que se fijan en las tarifas de acceso.
De este modo, la subida del precio fijo intenta reflejar que la mayoría de los costes son de naturalizar fija (las redes eléctricas y las políticas públicas) y que no cambian por mucho que reduzcamos nuestro consumo o bajemos nuestra potencia contratada- y que, por tanto, son mucho más importantes de lo que muestra la estructura de precios refleja.
Los reguladores están intentando, de hecho, responder a esta realidad. Es la tendencia aquí y en Europa, donde el caso más claro es Holanda, que ya cobra las redes y las políticas públicas íntegramente en el término de potencia. También es el camino que sigue Suecia y, probablemente, será la tónica en el resto de países.
Ajustar la potencia contratada
Por ello es fundamental que el consumidor ajuste la potencia contratada a sus necesidades reales de consumo, sin duda, permitiendo un uso de la red óptimo. Pero al mismo tiempo, es fundamental entender que a través de este término pagamos las políticas públicas, por lo que una pérdida en la recaudación -como consecuencia de la reducción del pago fijo por potencia- conduciría a lo que ya sucedió y acabó en una reforma para solucionar el déficit de tarifa.
Los problemas que genera la desconexión existente entre los costes y la estructura de los precios que paga el consumidor son múltiples e importantes, pero la solución pasa inevitablemente por eliminar de la factura eléctrica los costes de las políticas públicas. Esto permitiría que la estructura de precios se ciñese a la causalidad de los costes, pero sólo a los que tienen que ver con las actividades eléctricas.
Los servicios estadísticos de la Unión Europea están trabajando para explicar todo esto y este año esperamos ver el resultado. En España, mientras tanto, carecemos de una metodología que se adapte a la naturaleza de los costes fijos. Pero sin duda, lo que esperamos es que una de las líneas de actuación del nuevo Gobierno pase por sacar de la factura las políticas públicas. Esto sí sería un paso que permitiría al consumidor pagar por los costes que verdaderamente ocasiona y, consecuentemente, actuar en función de la estructura de precios.
Pedro González
Director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA
