- Las compañías eléctricas buscan retrasar el cierre de Almaraz, pero el Gobierno ya prepara el terreno para seguir sin ella.
- El Ejecutivo se planta: sólo habrá diálogo si las compañías llegan con una propuesta firme y conjunta.
- Castilla-La Mancha, clave en la energía del futuro: ¿motor renovable o rehén nuclear?
La central nuclear de Almaraz, enclavada en Cáceres, tiene los días contados. Según lo previsto, sus dos reactores cesarán operaciones entre 2027 y 2028. Aunque sus principales accionistas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, tantean la posibilidad de aplazar su cierre, el Ejecutivo ha decidido no esperar. En paralelo al tira y afloja con las eléctricas, el Gobierno ha dado luz verde a un plan urgente para reforzar la infraestructura energética en la zona.
Se trata de un proyecto valorado en 750 millones de euros que responde, en parte, al apagón que sacudió al país el pasado 28 de abril. Entre las 65 medidas incluidas, una destaca especialmente: la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Red Eléctrica situada en Almaraz. El objetivo es garantizar que el sistema eléctrico mantenga su estabilidad cuando la central deje de funcionar.
En concreto, este nuevo equipo sustituirá parcialmente la labor que hasta ahora realizaban los reactores: control de tensión, inercia y estabilidad dinámica. Un cambio técnico que, más allá de su complejidad, tiene una carga política evidente. El Gobierno lanza así el mensaje de que el calendario del cierre nuclear sigue su curso, con o sin el respaldo de las compañías eléctricas.
El pulso entre el Gobierno y las eléctricas
Iberdrola y Endesa no ocultan su deseo de mantener abierta la central más allá de las fechas marcadas. Aunque por ahora no han formalizado ninguna solicitud concreta, trabajan en una propuesta conjunta para alargar la vida útil de los reactores hasta 2030. Naturgy, tercera en el reparto accionarial, aún no ha dado un paso definitivo, lo que dificulta la negociación.
Por su parte, el Ejecutivo deja claro que no entrará a valorar ningún aplazamiento sin una propuesta sólida y consensuada entre todas las eléctricas implicadas. Además, fija tres líneas rojas: que la operación sea segura, que aporte valor al sistema eléctrico y que no suponga costes añadidos para los consumidores.
El punto más espinoso del desacuerdo es económico. Las compañías reclaman incentivos fiscales y otras facilidades financieras como parte del trato. Pero el Gobierno se niega en rotundo a aplicar rebajas impositivas, considerando que sería injusto trasladar a los ciudadanos gastos que hoy asumen las empresas propietarias. El resultado de este desencuentro es que ni siquiera se ha iniciado una mesa de diálogo formal. Todo está en pausa, a la espera de un posible acuerdo entre los socios de Almaraz.
Las cuentas no salen, pero el reloj corre para Almaraz
Mientras tanto, Iberdrola, Endesa y Naturgy analizan los costes que implicaría una posible prórroga. Se estima que serían necesarios unos 15 millones de euros para adaptar las instalaciones y asegurar todos los requisitos que permitirían continuar operando después de 2028. Desde el combustible hasta la plantilla, todo tendría que ajustarse a las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Según los cálculos que manejan algunas fuentes del sector, el plazo para presentar una petición formal expira, a más tardar, en marzo de 2026. Pasada esa fecha, el riesgo es tener que parar la planta durante meses hasta obtener nuevas autorizaciones, lo que reduciría al mínimo la viabilidad de continuar con la actividad.
Por si fuera poco, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha avisado de que las eléctricas deben empezar a enviar la documentación técnica antes de noviembre de este año, en previsión de un desmantelamiento. Un aviso que deja claro que, a ojos de los reguladores, el cierre no está en discusión, al menos por ahora.
Renovables a la vista y una Almaraz sin protagonismo
El Ministerio para la Transición Ecológica no sólo piensa en la central de nuclear de Almaraz, también en lo que vendrá después. El cierre de esta planta está en línea con la planificación energética nacional, recogida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Allí se establece un apagado progresivo de todas las centrales nucleares antes de 2035.
Con el horizonte marcado, la prioridad ahora es preparar la infraestructura para un escenario dominado por energías renovables. La red tendrá que integrar más fuentes intermitentes, lo que requiere un refuerzo técnico importante. De ahí la inversión en nuevos equipos como el compensador síncrono de Almaraz y otras mejoras en la red de alta tensión.
En ese nuevo contexto, la central de Cáceres dejaría de tener un papel esencial en la estabilidad del sistema. Su lugar lo ocuparán instalaciones más modernas, capaces de ofrecer la misma seguridad, pero sin los riesgos asociados a la energía nuclear. Esa es, al menos, la apuesta del Ejecutivo. Y aunque las grandes eléctricas insisten en retrasar lo inevitable, todo apunta a que el futuro de la energía en España seguirá un camino diferente. Uno en el que Almaraz ya no será protagonista.
