El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han lanzado un programa de ayudas para impulsar estudios de viabilidad de la energía geotérmica profunda. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros
Con el objetivo de facilitar la exploración e investigación del recurso geotérmico y analizar el potencial de los emplazamientos para desarrollar los primeros proyectos para generación eléctrica o usos térmicos, el MITECO ha puesto en marcha un programa de ayudas para realizar estudios de viabilidad de energía geotérmica profunda en España.
La mitad de los 120 millones de euros están destinados íntegramente a las Islas Canarias. El presupuesto procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por el Programa Geotermia Profunda de la UE, para sufragar parte de las inversiones en sondeos a gran profundidad que permitan el desarrollo de los primeros proyectos en España de geotermia profunda de media y alta temperatura para generación eléctrica o para usos térmicos directos.
Ayudas a la energía geotérmica profunda
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO, es el encargado de gestionar esta línea de financiación que busca impulsar estudios de viabilidad que incluyan actuaciones exploratorias que analicen y cuantifiquen el recurso geotérmico que existe en distintos emplazamientos geotérmicos de la geografía española.
Para optar a estas ayudas, los estudios deberán incluir la realización de, al menos, un sondeo de investigación de profundidad mínima de 1.000 metros y podrán beneficiarse de la financiación hasta tres sondeos por estudio. Los resultados exitosos darían acceso a los beneficiarios a la explotación de los recursos y a desarrollar los primeros proyectos del país.
El IDAE podrá adelantar las ayudas, que se concederán a fondo perdido, para facilitar la financiación de los proyectos adjudicatarios. Estos podrán estar impulsados por entidades con o sin personalidad jurídica propia, pública o privada, aunque se requiere que sean solicitantes o titulares del dominio público minero o participantes en un concurso público de derechos mineros de acuerdo con la legislación vigente.
