Ayer comenzó la asignación del servicio de interrumpibilidad, un sistema que para expertos como Jorge Morales de Labra podría ser la última vez que se celebra, ya que la Comisión Europea está investigando a varios países, entre ellos España, por los pagos por capacidad a determinadas compañías energéticas nacionales, entre los que se encontraría este mecanismo. De momento, el Gobierno ha cambiado su periodicidad de un año a cinco meses. La CNMC también ha llamado la atención sobre sus costes, que triplican las del gas y electricidad.
Tal y como se establece en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se aprueba el requerimiento concreto de potencia interrumpible a subastar, en esta ocasión se subastarán 2.600 megavatios (MW), repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y 8 bloques del producto de 90 MW (720 MW).
Las subastas de interrumpibilidad son un sistema que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.
El mecanismo de asignación será similar al de años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW, informa REE en un comunicado.
Durante los próximos días, cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad para el periodo del 1 de enero al 31 de mayo del 2018.
Los resultados definitivos de la subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.
Asignación del servicio de interrumpibilidad
A mediados de noviembre la CNMC emitió un informe sobre la propuesta que incluye la Orden del Ministerio de Energía que modifica las subastas de interrumpibilidad de este año limitándolas a cinco meses, frente al periodo anterior de un año.
El órgano regulador consideraba que estas subastas son complejas, que sus costes triplican las del gas y electricidad, y que algunos productos (90MW) favorecen a las grandes industrias por lo que propone que se justifique su necesidad.
[pullquote]Dichos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de estado no autorizadas.[/pullquote]
Además, recordaba que la Comisión Europea, que está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a determinadas compañías energéticas nacionales, señala que dichos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de estado no autorizadas.
¿La última subasta de interrumpibilidad?
Para Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético, es un “servicio innecesario y que además no está justificado técnicamente. Es tan evidente, que me da la impresión de que va a ser el último y que la Comisión Europea no va a permitir que esto siga siendo así. No deja de ser una ayuda de Estado encubierta”.
“Si el Gobierno quiere hacer política industrial -señala en declaraciones a EnergyNews- yo estaría de acuerdo en subvencionar a las empresas, pero a través de los Presupuestos Generales del Estado, no mediante la factura de electricidad del resto de los consumidores. Y si fuera real que Red Eléctrica necesita esa potencia, que lo diga, que ponga requisitos técnicos sobre qué potencia necesita y en cuánto tiempo“.
[pullquote]Según sus cálculos este servicio puede suponer un 1,5% de la factura global, del orden de 15 euros al año por consumidor.[/pullquote]
Desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, su director general, Fernando Soto, nos ha explicado que esta convocatoria de subastas arranca con una gran incertidumbre, empezando por la reducción de un año a cinco meses del periodo de vigencia -el periodo de entrega de los productos a subastar quedó reducido al comprendido entre 1 de enero y 31 de mayo de 2018-, y continuando por la bajada en el precio de salida en un 10%.
“La interrumpibilidad es un servicio –y un seguro- que la industria electro-intensiva presta al operador del sistema y que favorece la eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto, un servicio implantando en muchos sistemas eléctricos europeos, incluso cuando disponen de una elevada capacidad de interconexión de la que España carece. Con la interrumpibilidad, REE puede ajustar los desequilibrios entre la generación y el consumo en situaciones de emergencia por fallo o caída de redes“, ha señalado.
[pullquote]A su juicio, “mientras nuestro país sea una isla eléctrica, el servicio es necesario por seguridad de suministro y además no olvidemos que facilita la integración de las renovables.[/pullquote]
A su juicio, “mientras nuestro país sea una isla eléctrica, el servicio es necesario por seguridad de suministro y además no olvidemos que facilita la integración de las renovables. España necesita una regulación estable y competitiva que dé certidumbre a los consumidores electrointensivos que son extremadamente sensibles al coste eléctrico que llega a suponer hasta la mitad de todos sus costes de producción“.
