Anpier, la asociación nacional de los pequeños y medianos productores fotovoltaicos, advierte de la posibilidad de que se produzca un nuevo agravio entre los grandes operadores del sector energético y las iniciativas sociales.
Si se produjera una adecuación normativa a intereses privados concretos, la organización asegura que «recurriría primero por vía administrativa y, posteriormente, por vía judicial».
La asociación de productores fotovoltaicos se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para dejar constancia de su desacuerdo con «aquellos que pretenden adecuar las normas a sus intereses con argumentos que nunca habían tenido fuerza para enmendar este tipo de marcos regulatorios».
«Consideramos importante recordar que entre el año 2007 y el año 2010 se establecieron unos plazos para que las instalaciones fotovoltaicas que accedían al sistema iniciaran su producción y evacuación a la red de distribución», apuntan desde la asociación.
«La Administración continúa realizando inspecciones hoy en día y, de comprobar que una instalación no realizó el vertido en tiempo y forma, no solo pierde todos sus derechos retributivos, sino que incluso ha de reintegrar los ingresos que hubiera percibido», añaden.
A pesar de esto, desde Anpier destapan que «ahora hay operadores que acaparan desde hace años los puntos de evacuación del sistema eléctrico para especular con este activo que sostenemos los españoles en nuestras facturas de la luz».
«En esta coyuntura, y dado que no pueden cumplir con los plazos establecidos para poner en funcionamiento instalaciones de generación, pretenden mantener estos derechos de acceso por más tiempo», afirma la asociación en un comunicado. «De tal forma que les permita traspasarlos y obtener importantes beneficios en una operación que solo suponía depositar unos avales, realizar unos trámites administrativos y transmitir la evacuación que se habían adjudicado», matizan.
