- La clave de Almaraz se centra ahora en cómo avance el análisis técnico y económico del CSN y del Ministerio.
- Las eléctricas esperan que el caso Almaraz se resuelva sin frenazos y con un dictamen ajustado al acuerdo vigente.
- El pulso por la central nuclear de Almaraz: tensión entre eléctricas, CNMC y Gobierno por el futuro del suministro
El expediente para revisar el futuro de la central extremeña de Almaraz entra en una fase delicada. El Ministerio para la Transición Ecológica ha movido finalmente el papeleo que reclamaban las propietarias, abriendo el periodo en el que el regulador nuclear definirá si la planta mantiene su actividad más allá del calendario pactado hace años. El trámite llevaba parado más de lo que esperaban las compañías eléctricas y el retraso había alimentado dudas internas sobre el rumbo del proceso.
Con el dossier ya en la bandeja del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), arranca una revisión que tendrá peso en el mapa eléctrico de los próximos años. La solicitud presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy busca prolongar el funcionamiento de la instalación hasta junio de 2030. Todas las miradas están puestas en cómo y cuándo responderá el regulador, que debe estudiar la documentación técnica, validar las condiciones radiológicas y revisar la compatibilidad con el marco económico del sistema.
Un expediente que llega tarde y reabre un debate que parecía cerrado
El movimiento del Ministerio no ha pasado desapercibido. Las compañías habían remitido su petición el 30 de octubre, confiando en que el trámite se elevaría sin demora al Consejo. Sin embargo, el envío se demoró más de dos semanas, lo que añadía un elemento de incertidumbre a un dossier ya sensible por su impacto en la hoja de ruta del sector nuclear.
La documentación ahora en manos del CSN activa un análisis que no parte de cero. El organismo ya había otorgado una licencia de diez años en 2020, aunque el acuerdo firmado entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las eléctricas redujo la ventana real de funcionamiento: 2027 para el primer reactor y un año más para el segundo. La nueva petición intenta ajustar esos plazos al margen que concedía la licencia original.
El cambio de postura de las compañías respecto a aquel acuerdo refleja un entorno muy distinto al de entonces. En esos años ha variado el contexto energético, y las propietarias consideran que aún no es momento de desprenderse de activos nucleares que siguen desempeñando un papel relevante en el sistema eléctrico.
Las tres condiciones del Ministerio para mantener Almaraz
Para que la solicitud avance, el Ministerio marcó tres requisitos. Ninguno admite margen de interpretación. La planta debe garantizar un nivel adecuado de protección radiológica, asegurar que no habrá riesgo para la continuidad del suministro eléctrico y evitar que el coste del sistema suba por mantener operativos los reactores. Sin estos puntos, el expediente quedaría bloqueado antes de pasar a la fase final.
Según fuentes internas, Almaraz cumple con estas tres exigencias. La relevancia de estas condiciones no es menor: son los filtros que determinan si el proceso encaja en la estrategia del Gobierno. Y, en paralelo, son el elemento que más tensión genera entre las eléctricas, que han reclamado al Ministerio que ordenara al CSN detener el procedimiento de cierre mientras se analiza la ampliación. Esa petición no ha sido atendida.
El Ministerio mantiene en marcha de forma simultánea los dos itinerarios: el del cierre y el de la prórroga. Esto incrementa la carga de trabajo del regulador y evidencia que el Gobierno no quiere modificar su posición sobre el calendario de desmantelamientos sin una revisión completa del impacto económico y del papel que cumpliría la central en los próximos años.
El futuro inmediato de la central de Almaraz
El Consejo, que no opera con plazos cerrados para este tipo de expedientes, deberá decidir si revisa el caso con un análisis rápido, algo posible porque el grueso de la licencia de 2020 sigue vigente. Otra opción es solicitar nuevas inversiones o medidas complementarias antes de dar una respuesta definitiva. Ambas opciones están abiertas.
Mientras tanto, Red Eléctrica debe evaluar si la aplicación de la prórroga garantiza la seguridad del suministro. Su informe forma parte del rompecabezas administrativo que determina la continuidad operativa. El tercer elemento del tríptico es confirmar que no habrá sobrecostes que repercutan en la factura de los consumidores, un asunto en el que el Gobierno centra gran parte de su atención.
La planta, de momento, mantiene su actividad dentro de los plazos previstos. Pero el sentido final de este expediente será clave para el calendario nuclear español. El desenlace dependerá del análisis técnico, del contexto energético y de cómo el CSN combine sus obligaciones regulatorias con un escenario eléctrico en pleno ajuste.
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