AEGE (Asociación de empresas con gran consumo de energía) ha emitido un comunicado en el que reclama certidumbre en las ayudas del Gobierno para la compensación del CO2 indirecto, el recargo en la factura eléctrica por los derechos de las emisiones que internalizan los generadores térmicos (carbón y gas natural) en sus ofertas al mercado eléctrico.
La estimación actual del precio eléctrico final para la industria electrointensiva en 2021 es de 77€/MWh, más del doble que el precio francés, lo que supone un sobrecoste en el consumo eléctrico de nuestras empresas con respecto a sus competidores de más de 1.000 millones de euros, una situación que está mermando la disponibilidad de ingresos de los electrointensivos, para afrontar con garantías el reto de la descarbonización en el que están firmemente comprometidos.
Compensación del CO2 indirecto en Europa
El pasado año, la compensación del CO2 indirecto del ejercicio de 2019 fue de 61 millones de euros, frente a los 266 millones repartidos por el Gobierno francés y los 546 millones del alemán. Estos 61 millones de euros concedidos por el Gobierno español supusieron tan solo un 4,97% de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión, que alcanzaron los 1.225 millones. La normativa comunitaria permite dedicar el 25% de lo recaudado.
Comparación con otros países europeos
Esta discriminación vuelve a repetirse en 2021. En España, el presupuesto previsto para compensar los sobrecostes de CO2 del año pasado es de 79 millones de euros, frente a los 350 millones que recibirán la industria francesa y los 878 millones de la alemana.
Desde AEGE confían en que el Gobierno sea sensible y ponga solución a este problema que arrastramos desde hace más de un lustro. Los 79 millones aprobados suponen tan solo un 6,37% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, que alcanzaron los 1.240 millones. Esta situación perjudica la recuperación de la industria, la economía y el empleo.
Por todo ello, AEGE reclama la compensación máxima permitida por la Comisión Europea del CO2 indirecto, destinando este año 220 millones de euros de los 1240 millones recaudados por la subasta. Esto supone un 18% de los ingresos, lejos del 25% de lo recaudado que autoriza la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que Bruselas permite usar de forma inmediata.
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