La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha pedido al Gobierno que avale préstamos energéticos para hacer frente a impagos motivados por el COVID-19. La asociación ha explicado que, ante la nueva normativa, el Gobierno debe avalar los préstamos energéticos para hacer frente a posibles impagos. Explican que son como los avales para bancos que prestan dinero mediante líneas ICO.
ACIE está formada en España por empresas como Acciona, Repsol, Cepsa, Engie, Feníe Energía o Enérgya-VM. Entre todas suministran el 15% de la electricidad y el 18% del gas natural de nuestro país.
Consideran que la normativa por el COVID-19 no reparte el impacto económico de forma equitativa “entre actividades reguladas y no reguladas”.
En esa línea, ACIE remitió en marzo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un escrito sobre esta cuestión. En él, indicaban que las medidas adoptadas incentivan a millones de clientes a acudir al mercado regulado para la prestación de suministro eléctrico. Pero no ocurre lo mismo con la vuelta de los consumidores a los comercializadores libres, puesto que la ley no prevé ese mecanismo de vuelta. La situación, por tanto y según indican, es “especialmente perjudicial si estos son comercializadores independientes”. 
ACIE advierte de la situación
Para ACIE, las distribuidoras tienen garantizada su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado. No ocurre igual con los comercializadores, que pueden quedar al descubierto por los ceses de actividad o concursos de acreedores de autónomos, pymes y empresas. Y afirman:
La dimensión real de estas circunstancias se conocerá cuando se levante el Estado de Alarma.
Además, explican que la regulación aprobada para esta excepcional situación no exime a los comercializadores de pagos como peaje de transporte o distribución. Aunque haya impago, o no, de clientes vulnerables o de vivienda habitual.
Es decir, los comercializadores están financiando a las distribuidoras en los casos donde se produce dicho impago.
Teniendo en cuenta el estado de alarma, así como su extensión temporal y las fases de desescalada, que podrían dificultar la reactivación de la actividad, ACIE pide al Gobierno que avale los préstamos energéticos a que están obligadas las comercializadoras libres.
Avales como los de los bancos
En esa línea, la asociación considera que, si los préstamos tuvieran impagos, habría un aval del Estado para las comercializadoras. Y añaden:
“Igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO”.
Con ello, se contribuiría a paliar el esfuerzo económico que el coronavirus está causando en su actividad.
Y lo que es más, piden un horizonte de 1 a 2 años para la medida. Consideran que los efectos reales de los impagos podrán agravarse en próximos meses.
FUENTES: ACIE y Europa Press
