Abengoa vive momentos muy complicados. No sólo acumula una deuda de 6.000 millones, sino que está pendiente del nombramiento de un nuevo consejo de administración. Su Junta General destituyó recientemente a su presidente, Gonzalo Urquijo. Hoy se celebra el laudo arbitral, en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por los 1.500 millones de euros que reclama a España.
Su cesado presidente negoció un rescate financiero, que vence el próximo 6 de diciembre. Lo comentábamos hace unos meses. Concretamente, en julio pasado, decíamos:
“El nuevo plan de rescate pasa por la solicitud de nueva financiación, por un total de 250 millones, de instituciones financieras, respaldadas por una garantía del ICO. Asimismo, por 300 millones de euros en líneas de avales ‘revolving‘ adicionales rotativas de los bancos, cubiertas por la garantía Cesce”.
Finalmente, en agosto, firmó la reestructuración para evitar la quiebra.
Laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo
Hoy, Abengoa está pendiente del laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo. La compañía reclama a España 1.500 millones de euros por el recorte de las primas a las renovables en 2013. Este arbitraje internacional se realiza en La Haya (Holanda), aunque siguiendo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyo laudo es de obligado cumplimiento.
El laudo, según el diario ABC de Sevilla, podría extenderse hasta 2 meses.
La vista del arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo llega cuando Abengoa está pendiente también del nombramiento de un nuevo consejo de administración. Será el próximo 21 de diciembre.
El recorte a las renovables
Como hemos dicho en otras ocasiones, y concretamente hace un par de meses:
“El Ciadi, que depende del Banco Mundial, ha ido recibiendo solicitudes de diferentes fondos que en su momento realizaron inversiones. Recordemos que fue consecuencia del cambio en el marco regulatorio que se estableció en España en 2013 y 2014, que modificó la regulación de 2007. Esta modificación vulneraba el Tratado de la Carta de la Energía en lo referido a un trato justo y equitativo a las inversiones”.
En su momento, fueron más de 50 los litigios planteados contra España por este tema. La cantidad exigida superaba los 10.000 millones de euros.
España ha ido dilatando los procedimientos, y ganando algunos parcialmente, ya ha recibido laudos contrarios por valor de mil millones.
Y hace más de un año, el Gobierno Español propuso un acuerdo de compensación a los inversores afectados. Proponía cobrar subvenciones más reducidas, pero durante más tiempo. La norma establece un nuevo marco de retribución del 7,39% sobre la inversión, pero hasta al año 2031, en lugar de finalizar 2025. Quienes se acogieran al acuerdo, eso sí, tendrían que retirar los procedimientos arbitrales. Abengoa no quiso en su momento acogerse a este acuerdo.
Mil quinientos millones de euros
En esta batalla legal, Abengoa se acogió al citado Tratado de la Carta de Energía, que firmó España en 1994.
Así, fue CSP EQuity Investment, filial luxemburguesa de Abengoa, propietaria de varias plantas termosolares en España, la que presentó una demanda de arbitraje. Entendía que el Gobierno de España había roto sus legítimas expectativas de inversión al recortar las primas a las renovables, algo que consideró una expropiación.
La cantidad que reclama Abengoa no sólo contempla ese aspecto, sino los intereses de demora desde 2013. La cantidad total reclamada es de 1.500 millones de euros.
En 2019, y como consecuencia de los problemas de liquidez, Abengoa llegó a vender un derecho de cobro de 75 millones de la cantidad reclamada. Finalmente, tuvo que retirar esa venta por falta de autorización de sus acreedores y porque su endeudamiento no llegó a alcanzar la cantidad que estimada.
