La Proposición no de Ley sobre el Impuesto Especial sobre el Carbón salió adelante ayer en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados a pesar de ser una medida no exenta de polémica de cara a la lucha contra el cambio climático y los compromisos españoles al respecto.
De hecho, ayer mismo por la mañana, Greenpeace y la Fundación Renovables pidieron a los diputados de todos los grupos parlamentarios que, en coherencia con sus compromisos de lucha contra el cambio climático, votaran en contra de la PNL presentada por el PSOE.
«El objetivo de esa PNL es que se apruebe una bonificación al carbón nacional para potenciar su uso en la producción de electricidad. Sin embargo, las subvenciones al carbón son contrarias a la normativa europea, que obliga a que cesen completamente para 2018«, explicaron en un comunicado conjunto.
En la votación que tuvo lugar ayer en la citada Comisión PSOE, Podemos y Foro Asturias (FAC) votaron a favor mientras que el PP y Ciudadanos se abstuvieron y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Democracia y Libertad (DL) votaron en contra.
El texto dice que «desde el 1 de enero de 2013 se aplica en España el Impuesto Especial sobre el Carbón, que grava al mismo tipo el carbón comunitario y el carbón importado desde fuera de la Unión Europea. La propuesta consiste en bonificar el impuesto al carbón producido por empresas que cumplan requisitos medioambientales. Estos requisitos medioambientales consisten en que las empresas extractoras de carbón se encuentren sometidas a la normativa europea que regula aspectos como la evaluación medioambiental de las minas y la gestión de los residuos«.
Asimismo, la PNL prevé que la bonificación se aplique con carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2018, «fecha en que cambiará de forma sustancial el marco legal aplicable a la minería del carbón«, señala.
Ayer el PSOE registró en el Congreso otras dos proposiciones no de ley «con la finalidad de desarrollar el cumplimiento, por parte de España, de los acuerdos de la Convención de París celebrada el pasado mes de diciembre, que se debatirán en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático», informó en una nota de prensa el grupo parlamentario socialista.
En 2015 se quemó un 22% más de carbón que en 2014
Según los datos que difundieron ayer Greenpeace y la Fundación Renovables, «las emisiones de CO2 crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 hasta alcanzar los niveles de 1998 y fue debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad. En 2015 se quemó un 22% más de carbón que en 2014«.
En esta línea, explicaban que «la bonificación que con esta PNL se pretende aprobar para el carbón nacional es una ayuda encubierta que busca beneficiar a éste frente al importado, pero que lo que producirá será un claro perjuicio a la competitividad de las energías renovables y, por lo tanto, es contraria a los compromisos internacionales, asumidos por el Estado español, de lucha contra el cambio climático«.
Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables, manifestó que «a dos días de la firma en Nueva York del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el PSOE muestra una gran falta de compromiso con el cambio climático al promover en el Congreso una PNL que pretende subsidiar y fomentar el uso de carbón para la producción de electricidad, que es el combustible fósil que más CO2 emite por unidad de energía producida”.
Por parte de Greenpeace, Tatiana Nuño, responsable de Energía, declaró que “las ayudas a la minería acaban en 2018 y teniendo presente el reciente acuerdo climático adoptado en París, no podemos seguir apoyando la quema de carbón en España con subsidios, incentivos o bonificaciones ni para la extracción, ni para la quema«.
Las dos entidades afirmaban en el comunicado que ninguna bonificación ni subsidio debería estar supeditada al uso de combustibles fósiles y que de acuerdo con las Directrices de la CE “una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles”, citan textualmente. Esto no sucedería, a juicio de Greenpeace y Fundación Renovables, con el tipo de bonificación que promueve esta PNL, que, además, no respeta, decían, «en ningún caso, el «principio de “quien contamina paga”» pues las bonificaciones ayudarían a continuar con la contaminación y a seguir agravando el cambio climático«.
Cierre urgente de las centrales de carbón
Para la Fundación Renovables y Greenpeace, el objetivo de la descarbonización del sistema energético es ineludible y su expresión más clara es el cierre urgente de las centrales de carbón y el abandono de esta minería, para lo que señalan que debería concretarse en 2016 un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España que en todo caso se debería producir antes de 2025. «El cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo«, añaden.
«En menos de 10 años, además de incrementar sustancialmente nuestro nivel de ahorro y eficiencia energética, tienen que salir del sistema eléctrico todas las centrales de carbón y las nucleares, para dejar hueco a más potencia renovable. Y lo antes posible de aquí al 2050 hay que eliminar por completo la utilización de combustibles fósiles para los usos energéticos«, exigen en el comunicado.
Ambas organizaciones reclaman a los partidos políticos coherencia ante el desafío del cambio climático y los compromisos internacionales en esta materia y que aúnen esfuerzos para cambiar el actual modelo energético -que señalan como «principal causa del calentamiento global del planeta»- y pasar a un sistema eficiente y 100%renovable, libre de combustibles fósiles.
La nota señala que Greenpeace y el Instituto Internacional de Medio Ambiente han desarrollado un documento de análisis de la PNL que demuestra que la medida que se pretende aprobar sería, según sus palabras, «probablemente ilegal»: «al tratarse de una ayuda de Estado y no estar dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 561/2014, antes de su aprobación y puesta en marcha, debería ser obligatoriamente notificada previamente a la Comisión Europea (CE) y además de tener que ser notificada y aprobada con anterioridad por la CE, cabría la posibilidad de que se considerase incompatible con la Decisión 2010/787/UE de 10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas«, explica el comunicado.
32.ooo M€ en subsidios
Apoyan también sus argumentos en el hecho de que los subsidios al carbón «ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros, destinados a perpetuar y apoyar el uso de este combustible». Sólo las empresas mineras relacionadas con la extracción de carbón han recibido ayudas por valor de 22.000 millones desde el año 1992, de acuerdo con los datos que manejan estas dos entidades.
«Las ayudas a la extracción mineral de carbón sólo se podrían prolongar hasta 2018 para las unidades de producción cuyo cierre estuviese planificado para ese mismo año y estaban sujetas a un plan de cierre que deberían presentar a la Comisión Europea. Pero hasta el día de hoy, España no tiene ese plan de cierre, aunque las ayudas se han seguido dando y nuevas bonificaciones como las que propone la PNL no hacen más que seguir esquivando el problema
