Por Laura Ojea.
La posible secesión de Cataluña protagoniza titulares desde hace semanas. Pero… ¿cómo sería un hipotético sistema eléctrico catalán independiente? Según datos de REE, la región podría ser autosuficiente porque genera prácticamente todo lo que demanda, y cuenta con una potencia instalada diversa, basada especialmente en energía nuclear, gran hidráulica y ciclos combinados.
¿Es posible que Cataluña rompa con España y que se asegure el suministro eléctrico? Fuentes de la Dirección General de Energía de la Generalitat afirman que al consumidor catalán se le abarataría el recibo de la luz, entre otras razones porque ya no asumiría algunos costes del sistema eléctrico como los costes extrapeninsulares, con lo que dejarían de subvencionar la energía de las islas, y las ayudas al carbón, al no tener ninguna central térmica en su territorio.
De hecho, aseguran que salir del modelo energético español supondría un ahorro de hasta 1.550 millones de euros, lo que podría permitir incluso abaratar la tarifa del recibo eléctrico entre un 10% y un 15%. “Cataluña dispone de infraestructuras energéticas suficientes para no padecer ningún problema importante en caso de lograr la independencia de forma negociada, pero en donde no se prevé la nacionalización de infraestructuras energéticas físicas”, dicen desde la Generalitat
Sin embargo, para asumir todas las competencias en materia energética les haría falta una nueva estructuración de los mercados, la creación de comisiones reguladoras independientes y destinar una parte del presupuesto a gestionar los residuos nucleares.
Nucleares y residuos radiactivos
Y es que Cataluña alberga el 40% de la capacidad instalada de energía nuclear de todo el país. Con 3.147 MW y una generación de 23.769 GWh (datos de 2014), dispone de tres reactores nucleares en activo, Ascó I, Ascó II y Vandellós II, todos ellos en Tarragona, lo que supera y con mucho a cualquiera de las otras comunidades autónomas.
¿Se ha calculado ese coste y cómo repercutiría en el recibo de la luz? En el caso de los residuos radiactivos una alternativa podría ser la que propone Carlos Bravo, consultor medioambiental y miembro de Salvia, la creación de Almacenes Temporales Individualizados (ATI), que necesitarían una inversión de 20 o 25 millones de euros por cada almacén. Es decir, que Cataluña sufragaría dos de ellos, además de costear el cementerio nuclear en el que se ha convertido Vandellós I y los residuos de esta central que están almacenados en Francia.
“Y por otro lado, en este escenario, Cataluña se convertiría en uno de los países más nuclearizados del mundo, no por la cantidad sino por el porcentaje de producción respecto al total de electricidad generada”, explica Carlos Bravo.
Ciclos combinados
Otra fuente de energía con gran potencial en Cataluña son los ciclos combinados, cuyos 4.256 MW de potencia instalada solo son superados por Andalucía (6.035 MW). Estas centrales apenas operaron un 10% de su capacidad en 2014 pero por existir reciben los pagos por capacidad, otro de los costes regulados que se incluyen en el recibo de la luz. ¿Asumirían los consumidores catalanes el coste de los pagos por capacidad del 15% del total de las centrales de toda España?
Pere Palacín i Farré, director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat, aseguró, en una jornada convocada por la Mesa de Alcaldes de la Energía de Cataluña en 2013, que «ante la necesidad de disponer de centrales de ciclo combinado como sistema de respaldo, tanto en el presente como en el futuro, es necesario que la reforma del sector eléctrico garantice que la retribución económica para aquellas instalaciones siga siendo la adecuada para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico (calidad y seguridad del suministro) y evitar el cierre definitivo de las centrales de ciclo combinado, con las consecuencias que comportaría para el funcionamiento del sistema eléctrico español en el futuro a medio y largo plazo”.
Si Cataluña se convirtiera en autosuficiente, necesitaría poner en marcha sus ciclos combinados para garantizar el suministro. “Es muy complicado un escenario de independencia energética de Cataluña”, explica a EnergyNews Bravo, “se necesita mucho análisis jurídico y económico porque ¿a quién pertenecerían las centrales eléctricas en Cataluña? ¿y las nucleares? ¿a empresas españolas?”.
Un caso especial serían las interconexiones, líneas de alta tensión que pertenecen a Red Eléctrica de España. Si no se nacionalizan las infraestructuras energéticas tal y como se propone, ¿cómo se reorganizaría su paso por el territorio catalán, un territorio que sería de otro país?
Pacto Nacional para la Transición Energética
Hace ya unos meses que se está elaborando en Cataluña un Pacto Nacional para la Transición Energética cuyo documento tiene como objetivos “establecer un nuevo marco jurídico y regulador para el sector, en el cual el acceso a la energía se considere un derecho fundamental, y establecer un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia energética y en la producción descentralizada”. En este sentido, la propuesta defiende “un modelo energético para Cataluña basado al 100% en energías renovables el año 2050”.
Este pacto podría ser una realidad a finales de 2015 si se consigue el apoyo de todos los sectores, tanto públicos como privados, de los ámbitos económico, social y energético.
El documento también incluye las líneas estratégicas básicas para la transición energética de Cataluña hacia el nuevo modelo. Este apartado incorpora medidas concretas para garantizar un suministro energético de calidad, garantizar el derecho fundamental de acceso a la energía y fomentar la investigación y la innovación como vectores de competitividad y de generación de actividad económica.
Toda una declaración de intenciones pero si se hace la carta a los reyes magos debe hacerse con un análisis riguroso y no partir de escenarios simplistas. En Cataluña, a día de hoy, las renovables solo representan el 14,5% de la potencia instalada, siendo las energías sucias las soberanas del sistema. El supuesto nuevo Gobierno nacional tendría que darse mucha prisa para que en 2050 sus conciudadanos no se sintieran defraudados por un Pacto que cualquiera, en su sano juicio, firmaría.
