Ha dimitido José Manuel Soria como Ministro de Industria, Turismo y Energía en funciones, tras más de cuatro años de cartera en los que se ha aprobado la reforma del sistema energético español y el Real Decreto de autoconsumo. Dos actuaciones que han sido severamente criticadas por el sector de las energías renovables.
José Manuel Soria achacaba su decisión en un comunicado a «la sucesión de errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a mis explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995, debido a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años; sin perjuicio de que ninguna de tales actividades haya tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas» y al daño que esta situación al Gobierno, al Partido Popular, a sus compañeros de militancia y a los votantes.
Primero fue la moratoria
Recién aterrizado como Ministro de de Industria, Energía y Turismo, Soria sorprendía al sector de la energía con la el Real Decreto Ley 1/2012 aprobado por el Consejo de Ministros que suspendía temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución renovables y los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración.
Luego, el impuesto del 7% a la producción
En enero de 2013 entraba en vigor la ley 15/2013 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética con el objetivo de recaudar y destinar a la tarifa eléctrica 3.000 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa. Esta norma incluía un impuesto del 7% a la producción de electricidad y retiradas de exenciones fiscales al carbón, el fuel o el gas natural para la producción eléctrica.
El Real Decreto-ley 2/2013
Un mes después, en febrero se aprobaba el Real Decreto-ley 2/2013 que contemplaba la actualización de las primas según la inflación subyacente y no en función del IPC (Índice de Precios al Consumo) y terminaba con la modalidad de mercado más prima.
El Congreso rechaza prohibir el fracking
A mediados de febrero PP, UPyD y el PNV votaron en el Pleno del Congreso en contra de una moción de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que abogaba por la prohibición de la técnica de fractura hidráulica o ‘fracking’, alegando que es una posibilidad que es necesario estudiar por sus “potenciales beneficios”.
Medidas urgentes
El 12 de julio se aprobó el Real Decreto-ley 9/2013, que adoptaba medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Según el ministro José Manuel Soria, el objetivo del Gobierno era la competitividad del sistema energético para mantener el precio al consumidor y el coste de la energía para la industria, la seguridad del suministro y equilibrado en función de las diferentes tecnologías, y también sostenible medioambiental, económica y financieramente. El Gobierno indicaba que establecería una «rentabilidad razonable» de las instalaciones del 7,5%
La Ley del Sector eléctrico
Tras el verano, el Gobierno aprobaba el 20 de septiembre el proyecto de Ley del Sector Eléctrico con el que pretendía equilibrar ingresos y gastos en este ámbito. El texto no atendía a las recomendaciones planteadas por la entonces CNE en su informe sobre la normativa, que se había mostrado contraria a cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética.
Finalmente se aprobó en el mes de diciembre. Mientras el PP en el Congreso daba vía libre a la Ley del Sector Eléctrico la oposición firmaba una declaración en la que se comprometían a anular la reforma energética de conseguir una mayoría suficiente en las siguientes elecciones.
Nuevo sistema de retribución, prospecciones petrolíferas y Real Decreto de autoconsumo
El Gobierno aprobaba definitivamente en junio de 2014 el nuevo sistema de retribución para instalaciones de generación eléctrica renovable, de cogeneración y residuos, el Real Decreto 413/2014. En agosto de 2014, el Gobierno otorgaba la autorización definitiva a Repsol para perforar en Canarias. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobaba este pasado mes de septiembre el Real Decreto sobre Autoconsumo, una de las últimas piezas de la reforma energética y muy polémica por incluir un peaje de respaldo, conocido popularmente como «impuesto al sol».
El sector renovable hace balance
Las reacciones de las asociaciones comprometidas con el desarrollo de las energías renovables no se hicieron esperar. A las pocas horas, Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, exigía en un comunicado al Presidente en funciones del Gobierno español «que comparezca en el Congreso de los diputados para explicar tanto los pormenores de la decisión de renuncia de José Manuel Soria, como las motivaciones que le llevaron a designarle como Ministro Industria, Energía y Turismo, una cartera esencial para el desarrollo y el bienestar de los españoles«.
Esta asociación ser reafirma «en la necesidad de revisar la normativa impuesta sin consenso alguno al sector renovable español, que ha supuesto grandes beneficios para las empresas del oligopolio energético y el desmantelamiento abrupto del sector fotovoltaico: 62.000 instalaciones en manos de 300.000 familias españolas dramáticamente afectadas por recortes retroactivos y arbitrarios«.
Reforma energética y Real Decreto de autoconsumo
Desde la Fundación Renovables, uno de sus patronos y fundadores, Sergio de Otto, declaró a EneryNews nada más conocerse la noticia que lamentan «que Soria se vaya por un tema que siendo muy censurable consideramos menor respecto al nefasto legado que deja como Ministro de Industria y Energía en estos cuatro años y pico que ha estado. Deja tierra quemada para poner en marcha un modelo energético sostenible. Han sido unos años de retroceso absoluto. No es que se haya avanzado poco sino que se ha dado marcha atrás con un desmantelamiento del sector renovable, la creación de prejuicios sobre las empresas del sector renovables y el lanzamiento de un mensaje a la sociedad muy negativo sobre estas energías».
Asimismo, criticó «la ausencia absoluta de políticas de ahorro y eficiencia» durante la legislatura; el intento de «abrir el campo al fracking» y hacer prospecciones de petróleo; el «mantenimiento y consolidación de los privilegios de las grandes empresas eléctricas» y la aprobación del Real Decreto de autoconsumo «que imposibilita el desarrollo de un derecho de los ciudadanos que es dotarse de su propia energía».
