Las medidas anunciadas por el Gobierno para atajar el incremento del precio de la luz (las desglosamos en el enlace inferior) han generado todo tipo de reacciones. Las compañías eléctricas reunidas en aelec se han mostrado en contra de lo que consideran “una forma injusta de penalizar a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad”. Más favorables son asociaciones de usuarios como OCU y Facua que agradecen los cambios, aunque los consideran insuficientes.
Las 8 medidas del Gobierno para bajar la factura final de la luz
Desde la organización de consumidores OCU aseguran que las medidas anunciadas por el Ejecutivo “tienen como objetivo parar la escalada del precio de la luz y responden a buena parte de nuestro decálogo de peticiones para un mercado eléctrico más justo y asequible, al reducirse impuestos, actuar para frenar en cierto modo manipulaciones de del mercado o para revisar los sistemas de fijación de precios…”. “No obstante, su éxito está aún por ver: lo cierto es que el precio de la electricidad sigue en máximos y nada indica que esos precios se vayan a reducir en los próximos meses”, afirman.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción considera positivo que se intervenga el precio del gas para detraer beneficios de las energéticas. También valora positivamente el recorte de alrededor de 650 millones en los “beneficios caídos del cielo -la injustificada retribución por no emitir CO2 en centrales hidráulicas y nucleares, fundamentalmente-“. Sí hay una crítica: que la cifra está muy lejos de los 1.000 millones anunciados hace tres meses por el Gobierno.
CInco propuestas de la OCU para abaratar el precio de la luz
Positivas pero insuficientes, para la OCU es necesario poner en marcha medidas complementarias para que la baja del precio de la luz sea una realidad. Esto es lo que proponen:
- Una reforma del Bono Social que facilite que todos los hogares que tienen derecho a disfrutar de este descuento puedan hacerlo. “Para ello sería necesario adoptar medidas que faciliten su aplicación automática en base a criterios de ingresos y su extensión a otras tarifas sin necesidad de tener contratada la tarifa regulada PVPC”, piden.
“Es además imprescindible que el bono social térmico cumpla su compromiso de abonarse en el primer trimestre de cada año; hasta el momento, ninguna comunidad autónoma ha realizado ningún trámite para abonar el correspondiente al ejercicio de 2020″, matizan - Una mayor transparencia en las tarifas, lo que facilitará su control y permitirá acabar con los abusos que se producen en las actualizaciones de precios individualizadas que reciben los clientes.
- Apostar por la eficiencia energética y empoderar al consumidor.
- Se debe garantizar una seguridad jurídica total en estas medidas, para que lo que ahora es un ahorro en la factura, no se convierta en una hipoteca que haya que pagar en años sucesivos, si se invalidan en los tribunales (como ya ha ocurrido con medidas similares).
- Las nuevas medidas anunciadas no tienen que ser temporales, sino que deben mantenerse en el tiempo para llegar a conseguir una factura energética más justa.
Foto portada: OCU
