A la vista de estos informes, el Gobierno ha decidido que la instalación de almacén de gas Castor no podrá iniciar su operación. A partir de este momento, se estudiará qué hacer con esta infraestructura, situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón).
En una rueda de prensa celebrada ayer por la mañana, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw (Universidad de Harvard), y el director de Infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, han explicado las conclusiones principales de los informes.
Los estudios, inicialmente encargados por el Gobierno, dan cumplimiento a lo exigido por el Real Decreto Ley de 2014. Comenzaron en octubre de 2015 y han sido realizados por un equipo de siete profesores del MIT y de la Universidad de Harvard en las disciplinas de geomecánica, sismología y geología estructural, señala el Ministerio en un comunicado.
Se trata de un exhaustivo estudio post mortem que analiza el origen de la sismicidad inducida durante la inyección de gas en el almacén Castor en el año 2013. En él se han empleado nuevos paradigmas que integran los modelos geológico y geomecánico con el análisis de los datos de sismicidad.
Según los estudios, la localización de los sismos coincide con la zona de la falla Amposta y con varias ramificaciones de la misma y concluyen que dichas fallas fueron sometidas a estrés como consecuencia de la inyección de gas. El informe señala que no habría podido esperarse que, en su momento con la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar, se hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección de gas, continúa la nota.
Almacén de gas Castor
El 16 de mayo de 2008 se otorgó a Escal UGS la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El proyecto consistía en la conversión del campo de petróleo abandonado Amposta en almacenamiento subterráneo de gas natural para hacer frente a las necesidades del sistema gasista previstas en ese momento, informa el MINETAD.
En 2010 se comenzó la perforación de los pozos de inyección/extracción de gas. El 5 de septiembre de 2013, estando en fase de pruebas y durante la inyección de gas colchón, comenzaron a producirse una serie de sismos en el entorno de la plataforma Castor. Se ordenó detener la inyección de gas el 17 de septiembre de 2013, pero los sismos continuaron produciéndose hasta el 4 de octubre. Estos hechos motivaron la suspensión de la operación de almacenamiento.
En julio de 2014, Escal UGS presentó la renuncia a la concesión de explotación y en octubre de ese mismo año, el Gobierno encargó a Enagás la hibernación de las instalaciones. Actualmente, la instalación se encuentra en situación de seguridad para las personas y el medioambiente, sus pozos están sellados y no existe gas en la plataforma ni en los gasoductos de conexión.
El coste del proyecto
Además, afirma que esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un , una suma con la que Greenpeace calcula que se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio o conceder 11 millones de becas de comedor escolar.
La organización recuerda que el coste final del proyecto Castor se triplicó “sin una explicación aceptable por parte de ACS” y que todo el proceso ha hecho que en abril de 2015 el Parlamento Europeo censurara la indemnización, solicitando al Defensor del Pueblo Europeo una investigación “sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago“.
“Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad”, concluye.
