El Ministerio de Industria está tramitando un proyecto de decreto por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética en lo que se refiere a auditorías energéticas para empresas no PYMES y la promoción de los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración. Una opinión de Javier García Breva, experto en Políticas Energéticas y presidente de N2E.
El artículo 13 del borrador de decreto copia una parte del artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE por el que se adoptarán políticas que fomenten el análisis a escala local y regional del potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes y que utilicen cogeneración de alta eficiencia, impulsando mercados locales y regionales de calor. En los casos en los que el análisis de costes y beneficios sea positivo se adoptarán medidas para desarrollar infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración eficiente a través del desarrollo de cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y refrigeración procedentes del calor residual y de fuentes de energías renovables.
Esta propuesta normativa complementa la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que en su artículo 10 se propone facilitar las actuaciones en espacios que consigan reducir un 30% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración a través, entre otras medidas, de sistemas centralizados y de energías renovables.
Una de las razones que motivó el voto del Gobierno contra la Directiva de eficiencia energética en octubre de 2012 fue precisamente que España no es un país de District Heating & Cooling, olvidando que ya existen experiencias de redes urbanas de calor y frío y que los sistemas centralizados se han desarrollado a pesar de todo. La novedad es que el mismo Gobierno que votó contra la Directiva ha empezado a transponerla, aunque de forma parcial, al ordenamiento jurídico y se puede hablar de un incipiente esfuerzo para impulsar los sistemas urbanos eficientes en el uso de la energía.
La última actualización del Código Técnico de la edificación y la Ley 8/2013 de rehabilitación tienen como objetivo avanzar hacia una calificación energética de los edificios A y B y hacia el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia de edificios. Alcanzar esos niveles de eficiencia exige no solo poner en marcha el conjunto de medidas de las directivas europeas, sino facilitar el desarrollo de los sistemas centralizados de calefacción y refrigeración y el autoconsumo.
El enorme potencial de ahorro de energía en todo el parque de edificios y viviendas está sin explotar y los costes energéticos van a seguir creciendo hasta representar el 50% de los costes de explotación de un edificio, lo que hace de la rehabilitación una actividad clave para la recuperación económica, para transformar el uso de la energía y cumplir los objetivos europeos de eficiencia, renovables y emisiones de CO2.
Los pasos a seguir deberían ser la transposición del concepto de “sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración”, como todo sistema urbano que utilice al menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de los tres, y del concepto de “edificio de consumo de energía casi nulo”, como el edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto y que la poca energía que requiere procede de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. La Directiva de eficiencia energética prevé que para abril de 2014 se elabore una estrategia nacional de rehabilitación de todo el parque de edificios y se cree un Fondo Nacional de eficiencia energética con los recursos obtenidos por el ahorro del 1,5% al año en la facturación a los clientes finales.
La coherencia de las políticas públicas determinará el éxito de esta incipiente normativa sobre eficiencia energética en el urbanismo. Una de las críticas más importantes que se ha efectuado a la reforma eléctrica es que incumple la Directiva 2012/27/UE por las barreras que impone al ahorro de energía y al autoconsumo a través de la estructura de los peajes del recibo de la luz. La eficiencia energética debería ser el pilar de cualquier reforma energética porque reduce la dependencia energética, los costes energéticos de los consumidores y mejora la competitividad de todos los sectores de la economía.
