El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la revisión del «Reglamento de Reparto de Esfuerzo». Así, se fijan unas reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el transporte por carretera, la calefacción de edificios, la agricultura, las pequeñas instalaciones industriales y la gestión de residuos.
Con la revisión del reglamento, las reducciones se establecen de forma específica para cada Estado miembro de la Unión Europea. De este modo, queda cubierto el 60% de todas las emisiones de la UE.
El siguiente paso será la ratificación por parte del Consejo Europeo, mientras que, posteriormente, se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor veinte días después.
¿Qué es el Reglamento de Reparto de Esfuerzo?
El Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE), adoptado en 2018, establece objetivos nacionales de reducción de las emisiones procedentes del transporte por carretera, la calefacción de edificios, la agricultura, las pequeñas instalaciones industriales y la gestión de residuos.
Aumento del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
La ley revisada, determina un aumento del 30% al 40% del objetivo de reducción de los GEI para la Unión Europea en 2030, en comparación con 2005.
Además, se trata de la primera vez que todos los países de la UE estarán obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con objetivos individuales que van del 10% al 50%.
Los objetivos para 2030 de cada Estado miembro se calculan en función de su PIB per cápita y de la relación coste-eficacia. Los Estados miembros tendrán además que asegurarse cada año de que no superan su asignación anual de emisiones de GEI.
Equilibrio para garantizar una transición justa
La revisión de la ley persigue garantizar el equilibrio entre la necesidad de flexibilidad para que los países puedan alcanzar sus objetivos sin renunciar a una transición justa, y la necesidad de corregir las lagunas que dificultan el cumplimiento del objetivo general de reducciones de la UE.
Es por ello por lo que se pone un tope a la cantidad de emisiones que los Estados miembros pueden guardarse para los siguientes años, tomar a cuenta de las que les corresponderán o comerciar con ellas con otros Estados miembros.
La información acerca de las acciones nacionales será hecha pública por parte de la Comisión Europea en formato fácilmente accesible, con el objetivo de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Estados miembros.
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