- El apagón supuso un giro en la gestión de la red española, y obligó a Red Eléctrica a mantener su estrategia de control reforzado.
- El riesgo de apagón condiciona el uso de renovables y encarece la factura de luz en plena espera de nuevas reglas de supervisión.
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La red eléctrica española continúa en modo vigilancia máxima. Desde el colapso que tuvo lugar en el mes de abril, Red Eléctrica de España (REE) viene aplicando medidas excepcionales para evitar que se repita un apagón a gran escala.
La estrategia, conocida como “operación reforzada”, se centra en frenar a las energías renovables y dar prioridad a centrales de gas, lo que estabiliza el sistema pero dispara los costes de producción y, con ello, la factura de la luz de millones de hogares.
El apagón y su impacto directo en la factura
Tras el apagón, REE tomó la decisión de mantener activos los mecanismos de ajuste que permiten blindar la red, aunque suponga un sobrecoste en el recibo eléctrico. La lógica es clara: a mayor seguridad, menor riesgo de colapso, aunque con un precio social evidente.
El operador del sistema argumenta que esta fórmula es temporal. No obstante, se prolongará hasta que entren en vigor los nuevos mecanismos de control diseñados por el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dichos cambios, aprobados pero aún en transición, buscan equilibrar el peso de las renovables y energías convencionales en el control de tensión.
Tras el apagón se detectó que el exceso de energías renovables sin respaldo generaba vulnerabilidades. Con más gas, REE garantiza la fiabilidad, aunque se encarezca el kilovatio hora. En la práctica, la medida ha supuesto un colchón frente a los desajustes de los operadores privados, que no siempre cumplen con lo pactado. De forma paralela, la CNMC ultima un marco normativo que permitirá que también las renovables participen en los ajustes con órdenes en tiempo real.
Retrasos políticos en las reformas tras el apagón
El apagón destapó carencias en el modelo de gestión eléctrica y el Ejecutivo reaccionó con un real decreto ley que no logró respaldo parlamentario. La idea era reforzar la vigilancia de la CNMC sobre todas las eléctricas, incluida la propia REE, para asegurar un control más riguroso de la tensión de la red.
El fracaso legislativo obliga ahora a rehacer el texto, lo que ha retrasado varios meses unas medidas que el sector considera críticas. El Gobierno ha optado por la vía de urgencia para no demorar más la supervisión, aunque la aplicación real no llegará hasta 2026, como pronto.
Mientras tanto, Red Eléctrica seguirá con su «plan reforzado». Su consejero delegado, Roberto García Merino, lo dejó claro ante analistas financieros: “asegurar, ante incumplimientos o elementos que no se adecúan a los procedimientos de operación, que haya una cobertura suficiente”. En otras palabras, la red no puede quedar expuesta a fallos ajenos.
La CNMC, pieza clave en la nueva etapa
La CNMC ha aprobado una reforma técnica sin precedentes en un cuarto de siglo. Su objetivo es evitar que los picos de tensión vuelvan a poner en jaque a la red eléctrica, como ocurrió el pasado mes de abril. Las modificaciones incluyen nuevas normas para los llamados servicios de ajuste, que permiten a la Red Eléctrica Española ordenar en tiempo real el funcionamiento de determinadas plantas de generación. A partir de ahora, las renovables tendrán el mismo rango que las centrales convencionales para participar en estos mecanismos. Eso sí, con una retribución económica a cambio de su disponibilidad.
La propia CNMC admite que la transición llevará tiempo y exige coordinación con todos los agentes del sistema eléctrico. De este modo, la prolongación de la “operación reforzada” hasta 2026 ilustra el pulso entre seguridad inmediata y transición energética. Mientras tanto, el riesgo de apagón sigue siendo el fantasma que condiciona las decisiones del sector.
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