Nos encontramos estos días ante uno de los eventos realmente trascendentes en lo que respecta a los objetivos de mitigación del cambio climático: la Convención de Naciones Unidas que se celebra en París y la Unión Europea ya ha presentado su contribución al futuro acuerdo internacional sobre cambio climático. Un compromiso que exige una fuerte descarbonización de la economía.
La contribución que la Unión Europea ya ha presentado en París por supuesto implica directamente a España, en la que traslada a la comunidad internacional sus objetivos para 2030 en los siguientes términos:
• Un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Al menos una cuota del 27% de energías renovables en el consumo final de energía.
• Un aumento de la eficiencia energética del 27%.
Con estos compromisos se marca la senda para alcanzar el objetivo acordado por el Consejo Europeo de reducir entre el 80 y el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 para el año 2050. El principal efecto que tendrán estos compromisos es que exigen una fuerte descarbonización de la economía, otorgando un papel muy destacado al sector eléctrico.
Ante este reto las empresas eléctricas están firmemente comprometidas, siendo conscientes de que implica un sistema neutro en emisiones en la generación eléctrica europea, tal y como refleja la Hoja de Ruta de la Comisión Europea. En este escenario, para el conjunto de la Unión Europea la contribución de las tecnologías bajas en carbono al mix de generación pasaría de alrededor del 45% actual al 60% aproximadamente en 2020, al 75%-80% en 2030, y a casi el 100% en 2050. Para España, por ejemplo, esto significa que la producción renovable de electricidad debe alcanzar el 53% del total producido en 2030 o que la electricidad debe aumentar su contribución al consumo energético del país hasta el entorno del 40% del consumo final de energía en 2050.
El objetivo es por tanto muy ambicioso para este sector. Y la razón fundamental es que la electricidad es un vector muy importante de descarbonización en muchos sectores de la economía. Por lo que el reto no sólo alcanza al consumo eléctrico tal y como lo conocemos ahora, sino que implica que, por ejemplo, tendrá que satisfacer una parte importante de la demanda de energía de los automóviles y vehículos industriales ligeros.
Parece claro que la magnitud del reto exigirá cambios estructurales cuanto antes en el sector, pero como premisa básica es imprescindible que el marco político y regulatorio acompañen. Un paso fundamental para sentar las bases de este modelo debería ser el Acuerdo de París. Sólo con una ambición clara expresada por los gobiernos de manera transparente e inequívoca será posible la “revolución” que supone este reto en nuestras sociedades y, también, en el sector eléctrico.
Nuestras empresas eléctricas son conscientes de su papel como parte de la solución y están listas para emprender esta senda, pero necesitan un marco a largo plazo que sea suficientemente claro y predecible, sin el cual será muy difícil que los agentes tomen las decisiones de inversión que podrían materializar los objetivos de descarbonización.
Este es un aspecto esencial, pero también se puede contribuir con medidas efectivas que propicien un marco adecuado para esta transformación desde ahora mismo. En nuestro país pagamos uno de los recibos de electricidad más caros de la UE, con las implicaciones que esto tiene en términos de competitividad para la industria y de renta para los hogares. La causa de este nivel tan elevado responde a la enorme cantidad de costes de política energética que figuran en nuestra factura – para los hogares supone más de la mitad del recibo. Suministrar electricidad es barato, pero el recibo es caro.
Se está penalizando, por tanto, al sector que está demostrando ser más efectivo en la integración de renovables, al sector que ha reducido en mayor medida las emisiones y al que puede continuar esta senda. Como es lógico, esto no va precisamente en la línea del reto marcado y de los compromisos deseables que todos esperamos de esta Cumbre de París. Más bien todo lo contrario.
La Cumbre de París deber ser el punto de partida para consolidar estos retos y para ello debe conseguir un acuerdo global legalmente vinculante que demuestre un compromiso claro de todas las partes con la acción a largo plazo para luchar contra el cambio climático. Pero también debe hacer reflexionar a los Gobiernos sobre el modo más adecuado para alcanzarlo desde el mismo día en que la Cumbre llegue a su fin.
Desde luego se va a exigir un marco de actuación con políticas y medidas estables que proporcionen una señal clara a los inversores para movilizar inversiones en tecnologías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Que además sea transparente y genere confianza, lo que pasa porque se fomente el importante papel de los mecanismos de mercado, incluyendo los mercados de carbono y su fijación de precios como herramientas fundamentales para la descarbonización, y que, en definitiva, nos sitúe en una senda hacia un futuro sostenible.
Pero parece también bastante coherente que en la consecución de todos estos objetivos el uso de la electricidad sea un elemento clave y así sea reconocido. Sin un sector eléctrico que aumente su presencia en la economía será difícilmente alcanzable y, con toda seguridad, mucho más costoso. De ahí que los Gobiernos deban evitar el envío de señales contradictorias entre los objetivos que se persiguen y la forma de alcanzarlos.
La primera barrera que debemos superar en nuestro país para que la electricidad contribuya con determinación la encontramos en nuestro recibo: del que habría que trasladar los costes de política energética que pagamos a los presupuestos públicos, de manera que el precio que paga el consumidor esté enfocado al verdadero coste del suministro. De modo que un primer reto después de la Cumbre ya está lanzado: ¿seremos capaces de afrontarlo? De lo contrario, el camino hacia la descarbonización sin la contribución de la electricidad será mucho más complicado de alcanzar.
Pedro González
Director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA
