“La guerra declarada entre el Gobierno y las eléctricas no puede entenderse sin una perspectiva que explique cómo después de veinticinco subastas para fijar el precio de la electricidad el Gobierno afirme que en la última no ha habido competencia”, asegura en su artículo de opinión Javier García Breva, presidente de N2E y de la Fundación Renovables.
El pasado mes de mayo la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) ya denunció la existencia de anomalías en el mercado mayorista de la electricidad (pool) que incrementaba los precios a medida que se acercaba la fecha de las subastas que fijan el precio de la tarifa (Cesur) y los sobrecostes por servicios de ajuste y restricciones técnicas. Desde 2009 estos sobrecostes se han incrementado un 71% con un efecto alcista en los precios de un 8% en 2012. No se puede decir que la falta de competencia se haya producido ahora sino, más bien, que la falta de competencia es consustancial al carácter inflacionista del mecanismo de las subastas.”
Este reconocimiento de la falta de competencia en el mercado eléctrico ha coincidido con la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico que, junto con la panoplia de decretos y órdenes, no ha abordado la causa principal de la crisis eléctrica: la conformación de precios de la electricidad y las subastas de la tarifa de último recurso. La nueva Ley debería derogarse de inmediato por inútil e inmovilista; porque, en realidad, no modifica ni un ápice el modelo eléctrico que desde hace dos décadas nos ha llevado hasta aquí, a pesar de que el escenario energético ha cambiado sustancialmente.
En el primer trimestre de 2013 hemos visto cómo la mayor entrada de renovables en el sistema abarató el precio en el mercado mayorista y cómo a partir de mayo la mayor producción con carbón lo encareció. Según APPA el ahorro de las renovables en los precios del pool eléctrico ha sido de 4.056 millones de euros en 2012 y 32.500 millones de euros entre 2005-2012.
Pero como el modelo eléctrico está diseñado para un mix basado en los combustibles fósiles, sin internalización de costes, y un método de conformación de precios referenciado al precio de las energías más caras, como el gas y el carbón, los consumidores tienen que cargar siempre con el precio más caro. Los precios del pool se incrementan con la mayor entrada de combustibles fósiles y las subastas lo legitiman de manera especulativa. Al pasar por alto esta realidad, la reforma eléctrica ha terminado en desastre por un planteamiento irracional: ¿Cómo en plena crisis económica, sin crecimiento del PIB y con un constante descenso del consumo se pretende garantizar los ingresos del sistema eléctrico incentivando el consumo con subidas de la luz?
Mientras en los últimos cinco años todo el foco de la atención se ha desviado hacia el papel de las renovables, o ahora el de la climatología, se ha pasado por alto el enorme impacto que ha tenido la crisis económica en la insostenibilidad del actual modelo energético (…), un grave error porque ha agravado la crisis del sector eléctrico y porque el mantenimiento del actual modelo es una barrera para la recuperación económica. La reforma ha confundido el objetivo de la sostenibilidad económica del sistema con el de asegurar los ingresos del sector eléctrico.
El Gobierno ha hecho una reforma que cierra la competencia y, por eso, le ha estallado en las manos y va a ser el que incumpla su propia ley. Si desde 2008 se está recortando las renovables hasta su ruina, subiendo la luz sin parar y el déficit tarifario no deja de crecer es hora de dejar de mirar para otro lado, derogar la reforma y cambiar de arriba abajo el método de conformación de precios de la energía, basado en prácticas oligopolísticas y la especulación financiera.
