El Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, aprobado a finales de diciembre por el Consejo de Ministros tras consensuarlo con el PSOE, en un acuerdo al que se sumó también Ciudadanos, fue convalidado ayer en el Congreso de los Diputados.
Madrid. Elena Alonso Asensio
Se aprobó su convalidación con 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones pero se rechazó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, que compareció antes de la votación, agradeció la colaboración de todos los grupos parlamentarios porque «este es un tema que nos preocupa a todos -señaló- ya que estamos hablando de cómo combatir en nuestro país la pobreza energética«.
Nadal dijo que cuanto más consenso tengan las medidas que se establezcan para apoyar al colectivo que sufre este problema «siempre será mejor porque hará el sistema más robusto«, en un intento, quizás, de animar a votar a favor a Unidos Podemos, que finalmente votó en contra.
Los ejes de la reforma del bono social
Además de establecer la obligación de financiación a todas las compañías que realicen la actividad de comercialización de electricidad y permite el desarrollo normativo para reformar el actual bono social, tanto en cuanto a beneficiarios del bono social como en lo relativo a los cortes de luz.
Nadal explicó citando a Eurostat que en España tenemos un 8,8 por ciento de población que incurre en retrasos en el pago de los suministros energéticos «una cifra muy similar a la Unión Europea que ostenta un 8,4 por ciento. Además, dijo que en nuestro país en torno al 10 por ciento de la población está en situación de pobreza energética, «una cifra más o menos en línea con la de la UE que es de 9,4 por ciento«.
Señaló que aunque en España serían aproximadamente unos cinco millones de personas las víctimas de este problema, el bono social se aplica al 2,4 por ciento de hogares, unos siete millones de personas, para explicar después que esta magnitud se corresponde con las cifras de Eurostat sobre pobreza energética y decir que la reforma más que un cambio cuantitativo se trata de un cambio cualitativo.
Tres categorías de consumidores vulnerables
El RD prevé tres categorías de consumidores vulnerables, cada una con descuentos diferentes, en función de criterios de renta que habrá que desarrollar a partir de ayer en un plazo de tres meses. A grandes rasgos, con la nueva regulación para los consumidores con una vulnerabilidad menor, se mantendría en principio un descuento análogo al actual del 25% de su factura.
Una segunda categoría, en la que entrarían aquellos consumidores que requieren mayor apoyo por
su menor renta o sus circunstancias personales, gozaría de un descuento que podría ser incluso superior al 25% anterior, explica el Ministerio en un comunicado.
Por último, los consumidores con una situación severa que reciban además ayuda por parte de los servicios sociales competentes de su Comunidad Autónoma, constituyen la tercera categoría para la que, además de aplicarse el descuento más intenso, se prevé que parte del coste del suministro de estos usuarios puede ser cofinanaciado por las empresas eléctricas.
Regulación de los cortes de suministro
La norma obligará de forma más rigurosa a notificar el impago a los hogares antes de proceder al corte de la electricidad. Además, se amplía de 2 a 4 meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para los consumidores vulnerables desde que la empresa eléctrica lo comunica al consumidor. Las compañías eléctricas deberán comunicar también a las CC.AA. los impagos de los consumidores, explica el Ministerio en un comunicado.
Finalmente se adoptan medidas encaminadas a reforzar la transparencia en la contratación de los consumidores vulnerables, como la obligación de informar a los clientes de la modalidad de contratación de PVPC y del bono social. Asimismo, se contemplan también indicadores similares a los que existen en el ámbito financiero (TAE) para facilitar la comparación de las distintas ofertas comerciales a los consumidores, añade.
Un hito para unos, un acuerdo insuficiente para otros
Ayer, antes de que se convalidara el Real Decreto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético emitió un comunicado en el advertía de que éste no acabará con la pobreza energética «pues regula únicamente el bono social eléctrico cuando la electricidad constituye sólo el 35% del consumo doméstico«. A su juicio, es necesario un bono social energético que incorpore además suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles, con los que se calientan el 65% de los hogares.
También opina que no recoge los criterios mínimos para considerar que una vivienda está en situación de vulnerabilidad, «dejando abierto que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital defina quién entra y quién no entra en esta definición, así como el tipo de ayuda con que contará«.
