La reciente apertura del proceso de consulta pública previa para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales (CEL) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) es una magnífica noticia por cuanto su resolución supondrá de impulso a la participación de distintos actores para que España avance hacia el objetivo marcado como país climáticamente neutro en 2050. De hecho, las CEL están llamadas a jugar un papel decisivo en la transformación de nuestro sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano como núcleo.
¿Qué son las Comunidades Energéticas Locales?
Las comunidades energéticas locales son entidades jurídicas, formadas por una agrupación de socios (como personas físicas, asociaciones, pymes, administraciones públicas…), que voluntariamente y con participación cooperativa, establecen sus objetivos en la obtención de beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos, para los miembros de una comunidad o terceros. Entre las ventajas que aportan destaca el cuidado del medio ambiente, la reducción de costes, el impulso a las energías renovables y un cambio de modelo que hace que el usuario tome el poder de la energía que consume.
¿Qué figuras recoge la normativa europea?
Las Comunidades Energéticas Locales engloban dos figuras recogidas en las directivas europeas: las Comunidades de Energías Renovables y las Comunidades Ciudadanas de Energía. Ambas permiten a los ciudadanos, a las autoridades locales y a las pymes ser socios de proyectos energéticos ligados a las energías renovables y la eficiencia energética en sus localidades. El inicio del proceso para incluir su regulación en España abre la puerta a garantizar y facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dicha energía en el seno de la comunidad.
En este contexto, la participación ciudadana en el sistema energético debe de ser incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación, ayudas técnicas y, en casos de comunidades en sector de baja renta, una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada. Un punto este en el que es importante detenerse porque los programas CEL son un importante arma contra la pobreza energética y habrían de venir acompañados de estímulos fiscales adicionales como, por ejemplo, el sistema italiano de Super Ecobonus, articulando créditos fiscales por el importe de la inversión en renovación y autoconsumo que fueren transferibles a inversores privados, haciendo viables estos proyectos y reduciendo las necesidades de capital público.
Es fundamental que se articule un enfoque normativo -y el consiguiente desarrollo reglamentario, inexistente hoy en nuestro país- para las CEL. Un modelo normativo que ha de ser claro, ligero y homogéneo en todo el territorio nacional para hacer confluir el esfuerzo de la Administración Pública con el mayor número posible de alternativas e iniciativas provenientes del capital privado, creando un efectivo mercado único interior.
Respecto a su figura jurídica, cualquier forma asociativa en derecho debería ser suficiente. Demasiada reglamentación inhibiría muchos potenciales proyectos. Y sería sumamente interesante profundizar en el enorme potencial de Comunidades Energéticas de capital mixto en un ejercicio de colaboración público-privada que incorpore seguridad y transparencia y, además, facilite la gestión, eliminando las trabas habituales de los contratos públicos.
Para contar con ayudas públicas, las CEL deberían abordar su papel como actores energéticos desde una perspectiva de triple bottom line, midiendo impacto social, económico y medioambiental. En este sentido, sería sumamente interesante incluir los aspectos de eficiencia energética, circularidad y accesibilidad dentro de los programas de actuación de las CEL. No se trata solo de poner placas solares y ampliar el uso de baterías, sino de contribuir efectivamente a los objetivos de descarbonización y transformación energética de nuestra economía.
Municipios, distritos y barrios como protagonistas
La intervención municipal es fundamental. Además de facilitar todo el entramado de licencias y permisos, y poder disponer de derechos de superficie y espacios públicos (cubiertas en edificios de dominio público) la administración local debería poner en valor su capacidad normativa a través de ordenanzas, para por ejemplo, poder integrar estos proyectos dentro de la estructura de préstamos PACE (Programa de Activación de Capital Ecológico en edificios), actualmente tramitada por Greenward como enmienda en el cuerpo de la Ley de Cambio Climático. Este mecanismo, unido a las CEL, sería un potente habilitador y un vehículo de atracción del ingente capital privado necesario para afrontar los importantes gastos de inversión que tales proyectos reclaman.
Las CEL, además, no solo deberían poder ser titulares de sistemas de autoconsumo y almacenamiento local, sino también intervenir como agentes energéticos en el desarrollo y la inversión en proyectos de generación renovable en cualquier parte del territorio nacional. Gracias a la tecnología Blockchain y a los cada vez más sofisticados sistemas de certificación de origen, es perfectamente posible incorporar los KWH de diferentes territorios dentro de la gestión energética de las CEL, que incluso pudieran agruparse entre ellas.
Se facilitarían así economías de escala y un mayor potencial a la monetización de servicios de flexibilidad y demanda a la red. Su administración efectiva podría ser tercerizada a compañías especializadas, con las garantías suficientes y previamente aprobadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o el organismo público competente. La labor de la Administración Pública en este aspecto es fundamental, potenciando proyectos piloto en todo tipo de configuraciones posibles.
Finalmente, sería sumamente interesante dotar también a las Comunidades Energéticas Locales de protagonismo como actores urbanísticos, porque no cabe duda de que la solución a los grandes retos de descarbonización y lucha contra la pobreza energética se encuentra en acometer grandes y ambiciosos proyectos de regeneración urbana a nivel de barrio. Hoy por hoy, la limitación de los actores posibles en el desarrollo de estos planes, coarta extraordinariamente el papel dinamizador y necesariamente protagonista de los ciudadanos -léase vecinos- en sus localidades.
El objetivo de ofrecer beneficios energéticos de los que se deriven también otros medioambientales, económicos y sociales para los vecinos trasciende la rentabilidad financiera en sí misma. Hablamos de legislar de forma eficaz para avanzar en nuevos modelos de generación, compartición y consumo de energía.
