El gobierno quiere que el Real Decreto Estatuto del Consumidor Electrointensivo vea la luz en marzo. Para conseguirlo han iniciado el periodo de consulta del nuevo borrador. El mismo garantiza a la gran industria una nueva partida de 90 millones para compensar diferentes cargos de sus facturas. También incorpora un mecanismo de cobertura para impulsar las PPA’S.
Los cargos de las facturas a compensar son los destinados a la financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de territorios extrapeninsulares. Y, además, la creación del mecanismo de cobertura para el impulso de las PPA’S abaratará los costes energéticos de los grandes consumidores.
Según indica Europa Press, los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica han tenido un encuentro con la prensa para dar a conocer el borrador.
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, la partida de 90 millones de euros complementará la compensación por las emisiones de CO2. Actualmente asciende a unos 172 millones de euros en 2019, tras la ampliación del último ejercicio. La medida se mantendrá en el nuevo estatuto.
La compensación para consumidores electrointensivos será del 85% del sobrecoste por la retribución a las renovables (prima). Se cargará a los presupuestos del Ministerio de Industria.
Presupuestos Generales
Los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica han informado, eso sí, que la dotación total está supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Han añadido que esa dotación será superior a la que había hasta ahora.
Los presupuestos actuales contemplan la partida de 172 millones en compensación por las emisiones de Co2. Pero indican que la cifra podría llegar a ser superior a la actual, debido al incremento a futuro en el precio del CO2.
También han afirmado en el encuentro que esta propuesta es la única que podría superar las trabas de Bruselas. Añadieron que ha sido un año y medio de trabajo, y una larga negociación, sobre todo a nivel comunitario, para realizar el nuevo borrador.
PPA’S
Por su parte, el mecanismo de cobertura para facilitar que la gran industria cierre PPA’S a largo plazo de renovables se realizará a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Es un organismo del Estado que cubrirá los riesgos de la operación con garantías.
El Ejecutivo indica que se persigue agilizar el mercado de las PPA’s, que no se mueve al ritmo deseado.
Borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo
El Estatuto del Consumidor Electrointensivo se ha mantenido aparcado durante más de un año. En su momento, el anterior no obtuvo el visto bueno de la CNMC ni de Bruselas.
Ahora, el presente, dice el Ejecutivo, define un marco “sostenible en el tiempo, con unas medidas rigurosas que abarcan todo lo que nos permite Bruselas”. De igual manera, esperan que los precios de la energía de la gran industria se equiparen más a los de los países de nuestro entorno.
Ese diferencial, añaden, también será más estrecho con los precios de la energía a la baja, gracias a la mayor entrada de renovables. La cotización de entre 40 y 42 euros por MWh, para este ejercicio, es el segundo más bajo desde 2020.
Se acaba el sistema de interrumpibilidad
Las nuevas medidas acabarán con el sistema de interrumpibilidad tal y como estaba concebido en el pasado. A él acudían los grandes consumidores como compensación.
El Ejecutivo señala que habrá que ver cuál es su diseño a corto plazo y cómo agilizarlo. Pero pasarán a ser un sistema de gestión de la demanda, no de compensaciones, tal y como indica la Comisión Europea.
Requisitos y obligaciones
El Real Decreto Estatuto del Consumidor Electrointensivo se abre a consulta pública. Será llevado después al Consejo de Estado y se espera que en el plazo de un mes esté en el Consejo de Ministros.
Está dirigido a unas 600 empresas que cumplen con ciertos requisitos: un consumo eléctrico mínimo de 1GWh al año; una intensidad energética mayor de 1,5 kWh/euro; al menos el 50% del consumo en hora valle; la pertenencia a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima. El consumo eléctrico de este sector representa el 17% de la demanda nacional.
Entre las obligaciones: contratar a plazo, de al menos 5 años, un 10% del consumo anual, una vez puesto en marcha el fondo; implantar un sistema de gestión de energía auditado y certificado; las empresas ya obligadas a ello, tendrán que acometer cada cuatro años las actuaciones de eficiencia energética que, de acuerdo con las auditorías, fueran recuperables en tres años o menos; mantener las obligaciones de empleo y actividad productiva para las empresas beneficiarias de las ayudas del Real Decreto de medidas urgentes de 2018.
