El Gobierno de Aragón está tramitando un anteproyecto de ley cuyo objetivo es gravar las inversiones en energías limpias. Según APPA Renovables y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el anteproyecto pone en grave riesgo miles de millones de euros en inversiones en Aragón. Asimismo, miles de empleos dedicados a energías renovables. Además, la propuesta podría atentar contra el marco fiscal europeo y el desarrollo de renovables.
Señalan ambas asociaciones que las energías renovables están experimentando un fuerte crecimiento a nivel global, europeo y nacional. El mercado supera los 350.000 millones de dólares en inversión internacional. En los últimos años está inversión se ha traducido en un récord instalador en nuestro país. Por tanto, no entienden la intención del Gobierno de Aragón de crear un impuesto que frene estas inversiones.
Señalan que las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos o las líneas eléctricas se verían afectados por el gravamen. Además, frenaría la inversión en nuevos desarrollos renovables y electrificación, necesaria para dotar a Aragón de energía limpia y autóctona.
El anteproyecto de Aragón y el marco europeo
Además de ir en contra del desarrollo regional de Aragón, el gravamen podría ser contrario al marco fiscal europeo. Tanto en materia de fiscalidad energética, como de desarrollo y penetración de renovables.
Explican desde las asociaciones:
“El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión Europea, en los apartados 4.1 y 4.3 de su anexo, considera que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son actividades económicas que contribuyen, de forma sustancial, a la mitigación del cambio climático y determina que no causan un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos ambientales, por lo que no se podría justificar un nuevo impuesto que, en opinión del gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales de estos proyectos”.
La creación de nuevos impuestos a las renovables, de aplicación retroactiva, dañaría la seguridad jurídica de las inversiones en la comunidad. Además, encarecería innecesariamente los proyectos y dificultaría su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región.
Desarrollo industrial
Aragón es una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencia renovable instalada. En 2023, más del 50% de la generación eléctrica de nuestro país fue de origen renovable. En esa cifra, Aragón tuvo un papel importante.
Debido a su potencial eólico y fotovoltaico, se esperaba un gran impulso en el desarrollo de renovables en Aragón. Sin embargo, la creación de impuestos regionales específicos puede poner en peligro este impulso.
Asimismo, podría afectar a las decisiones de inversión en otras industrias. Una consecuencia del efecto que las renovables tienen en el abaratamiento de costes. La competitividad alcanzada por estas energías hace que otras industrias puedan beneficiarse de costes energéticos reducidos mediante la contratación de PPAs (contratos de compra-venta de energía), consiguiendo ventajas competitivas que, con esta regulación, se ponen en riesgo.
Al respecto, dicen desde las asociaciones:
“Debido a esto, el desarrollo industrial se está produciendo en regiones donde se implantan renovables debido a la seguridad de suministro y la competitividad de los costes energéticos. La política fiscal planteada pone en riesgo futuras inversiones en Aragón más allá de las relacionadas con renovables”.
Y, además:
“Adicionalmente, la norma establece gravámenes a las líneas eléctricas, algo que afectará al desarrollo renovable y a la necesaria electrificación de la sociedad, privando a particulares y empresas de cambiar sus consumos fósiles por un consumo eléctrico más sostenible y menos contaminante”.
Igualmente, la implantación de estos impuestos sería un perjuicio para las decisiones de inversión. El PNIEC establece como objetivo el 81% de la electricidad procedente de renovables para 2030 en nuestro país. Y el 42% de la energía total. Pero no señala, evidentemente, dónde deben llevarse a cabo los proyectos. Por ello, las compañías e inversores podrían elegir otros emplazamientos y eso supondría un perjuicio económico para Aragón.
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