El Congreso ha dado luz verde a la Ley de Cambio Climático, un paquete de normas con los que España tratará de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. A continuación repasamos algunas de las medidas más importantes que contempla.
A falta de su ratificación en el Senado, casi se puede decir que la Ley de Cambio Climático es un hecho. El Congreso ha aprobado su puesta en marcha, con los votos en contra de VOX y la abstención del Partido Popular (PP).
Esta Ley debe servir para que el país cumpla sus compromisos internacionales en la lucha contra el calentamiento global, siendo su objetivo más ambicioso alcanzar la neutralidad climática en 2050. Hasta esa fecha, se establecen una serie de hitos intermedios que deberán haberse alcanzado en 2030:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990
- Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual)
- Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable (frente al 40% de este momento)
Estos objetivo se revisará al alza de forma periódica, la primera revisión será en 2023.
Movilidad en la Ley de Cambio Climático
Entre todas las medidas que contempla la Ley de Cambio Climático, las relativas a movilidad tienen un espacio prioritario.
En la actualidad, casi el 30 % de las emisiones de efecto invernadero de España proceden del transporte. Para alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo, es fundamental reducir las emisiones de los vehículos en circulación, para ello, la nueva ley contempla la prohibición de vender vehículos nuevos de combustión, no destinados a usos comerciales, a partir de 2040.
Además, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones. El Gobierno tiene previsto, además de aprobar una ley de movilidad sostenible, presentar en breve un paquete de impulso al coche eléctrico y de instalación de puntos de recarga.
Sector eléctrico
El 14 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de España proceden del mercado eléctrico. La cifra ha descendido en los últimos años gracias al cierre de plantas de carbón y el aumento del uso de energías renovables. Pero hay que hacer más.
La Ley de Cambio Climático contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable.
Cuatro son las medidas propuestas para conseguirlo:
- El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberán presentar en un plazo máximo de 12 meses tras la aprobación de la ley una propuesta de reforma del sector eléctrico
- Se impulsarán las centrales hidroeléctricas reversibles (las que funcionan con un sistema de bombeo del agua que permite generar la electricidad en el momento que se necesita). Y también se impulsará la generación de electricidad a través de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos
- Se reformará en el plazo de un año la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios
- Además, la ley aboga por hacer que la implantación de las nuevas renovables sea “compatible con la conservación del patrimonio natural”. Para evitar los peores impactos de la instalación de grandes parque eólicos y solares, el Gobierno elaborará una zonificación de áreas sensibles en las que no se podrán llevar a cabo proyectos de este tipo
Dependencia de los combustibles fósiles
Una vez entre en vigor la nueva ley, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España. Respecto a los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos que ya estén vigentes, “no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042″.
Eficacia y rehabilitación de edificios
En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.
Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
Financiación de la Ley de Cambio Climático
El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.
Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.
