El Tribunal de Cuentas Europeo publicó ayer un informe en el que señala que la Unión Europea ha incumplido su objetivo autoimpuesto de destinar al menos el 20% de su presupuesto para el periodo 2014-2020 a la acción climática.
Por su parte, la Comisión Europea asegura que la UE sí ha cumplido el objetivo, gastando 216.000 millones de euros en acción por el clima. Sin embargo, los auditores afirman que el gasto notificado no siempre fue destinado a este efecto y que el importe que se ha declarado como gastado en objetivos climáticos ha sido sobreestimado en, al menos, 72.000 millones de euros.
El informe también advierte de que estos problemas de fiabilidad en los informes de la Comisión puedan persistir en el periodo 2021-2027, en el que el objetivo de gasto climático aumenta al 30%.
Joëlle Elvinger, Miembro del Tribunal que dirigió la auditoría, señaló: «El cambio climático es una prioridad clave para la UE, que se ha fijado objetivos ambiciosos en materia de clima y energía. Hemos constatado que en el período 2014‑2020 no todos los gastos notificados relacionados con el clima en el marco del presupuesto de la UE eran realmente pertinentes para la acción por el clima. Por esta razón formulamos varias recomendaciones para vincular mejor el gasto de la UE a sus objetivos en materia de clima y energía. Por ejemplo, recomendamos que la Comisión justifique la relevancia para el clima de la financiación agrícola.»
¿En qué ámbitos se destinan fondos para la acción climática?
Los principales ámbitos de los programas de gasto público de la UE que se consideran pertinentes para el clima son la agricultura, las infraestructuras y la cohesión; la Comisión asigna coeficientes a diversos componentes del programa en función de su contribución prevista a la acción por el clima.
Según los auditores, la información sobre el gasto relacionado con el clima presenta insuficiencias, por lo que, en general, resulta poco fiable. El actual método de seguimiento se basa en hipótesis: no evalúa la contribución final a los objetivos climáticos de la UE y no existe un sistema de seguimiento de los resultados climáticos. Los coeficientes no siempre son realistas: en algunos casos, el gasto se considera pertinente para el clima, a pesar de que los proyectos y programas que apoya tienen un impacto escaso o nulo en el clima (por ejemplo, las infraestructuras en las zonas rurales). En otros casos, no se tienen en cuenta los posibles efectos negativos (por ejemplo, el impacto negativo de las emisiones de carbono).
Es en la financiación agrícola donde el gasto relacionado con el clima está más sobrestimado: según los auditores, en casi 60.000 millones de euros. La Comisión informó de que el 26 % de la financiación agrícola de la UE era relevante para el clima, aproximadamente la mitad del gasto total de la UE en este ámbito. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero de las explotaciones agrícolas en la UE no han disminuido desde 2010. Del mismo modo, los auditores consideran que la Comisión sobrestimó la contribución climática de los principales subsectores de la infraestructura y la financiación de la cohesión, como el transporte ferroviario, la electricidad y la biomasa.
Los auditores consideran que, aplicando coeficientes más razonables, será más probable que la proporción de gasto relacionado con el clima con cargo al presupuesto de la UE se sitúe en torno al 13% (aproximadamente 144 000 millones de euros) en lugar del 20 % notificado. También advierten del riesgo de que los importes previstos o comprometidos no se gasten, lo que podría inflar aún más el gasto climático notificado.
Los auditores también revisaron los cambios previstos en el seguimiento del gasto relacionado con la acción climática después de 2020, a fin de ayudar a la Comisión a mejorar la futura información sobre el gasto climático, y expresan su preocupación por la fiabilidad de los informes sobre el clima para el período 2021‑2027. A pesar de las mejoras propuestas en la metodología de notificación, persiste la mayoría de los problemas detectados en el período 2014‑2020. El Instrumento Europeo de Recuperación, introducido en 2020, incorpora el principio clave de no causar un perjuicio significativo, lo que significa que las actividades económicas no deben amenazar los objetivos medioambientales o climáticos. Sin embargo, los auditores consideran que el Instrumento plantea retos adicionales debido a la falta de claridad de los vínculos entre los pagos y los objetivos climáticos.
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