El Gobierno de España, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounion) han firmado el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027.
En términos generales, el acuerdo –firmado en un acto con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio–, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.
Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.
Su objetivo final es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas afectadas por el cierre de la minería del carbón
El acuerdo da respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año. Su objetivo final es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas afectadas por el cierre de la minería del carbón para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social.
250 M€ para alternativas a la minería del carbón
El acuerdo considera prioritario incentivar la creación de empleo en las comarcas y municipios mineros, históricamente asociados al monocultivo del carbón y con escasa actividad empresarial alternativa. Para ello, se dedicarán 250 millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para financiar proyectos empresariales y actuaciones de desarrollo alternativo como la mejora, restauración y revalorización de las zonas degradadas y los espacios afectados por las explotaciones mineras, incluyendo recuperaciones forestales; la dotación o renovación de líneas de telecomunicación o diversificación energética; o la creación de centros de desarrollo tecnológico.
Se diseñará un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas fruto del diálogo entidades regionales y locales
Además, se diseñará un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas por el cierre de instalaciones de minería. Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica abrirá próximamente un diálogo con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales de las zonas.
Una solución para “no dejar a nadie atrás”
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el propósito ha sido “no dejar a nadie atrás” y el compromiso “es a largo plazo”. Por eso, “ofrecemos la elaboración de contratos de Transición Justa, con el objetivo de ayudar a las comarcas a fijar el empleo del futuro con proyectos coherentes, ajustados a los contextos socioeconómicos y que desarrollen el potencial de las zonas” añade la ministra.
Por su parte, la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha expuesto que “en este marco de Transición Justa se encuentran muchas de las soluciones necesarias para que las transiciones que se han de emprender desde los empleos de hoy a los del mañana demuestren solidaridad con los afectados y garanticen la cohesión social”.
El mejor acuerdo posible para los sindicatos
Para UGT FICA se ha firmado “el mejor acuerdo posible” porque es “razonable y positivo”, para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible para las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Además, su objetivo es que “no haya salidas traumáticas en el sector” y tiene en cuenta una “discriminación positiva de las comarcas mineras” en materia de reactivación.
CCOO ha asegurado que permanecerá “vigilante” en el proceso que ahora comienza. Exige al Gobierno que cumpla las medidas pactadas “para quienes trabajan en el sector y viven una situación traumática”
