El lunes dio comienzo la asignación competitiva del servicio de interrumpibilidad para grandes consumidores de electricidad correspondiente a la temporada eléctrica del 2017, mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y organizada por Red Eléctrica en IFEMA (Madrid).
Durante los próximos días, cerca de 250 personas en representación de alrededor de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico pujarán por productos de interrumpibilidad para el año 2017. Tal y como se establece en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se aprueba el requerimiento de potencia interrumpible a subastar correspondiente a la temporada eléctrica 2017, se subastarán 340 bloques del producto de 5 MW (1.700 MW) y 10 bloques del producto de 90 MW (900 MW).
En la jornada del lunes se cerró la asignación de los paquetes de 90MW. De ellos, Alcoa consiguió cinco ArcelorMittal uno y AZSA dos. El precio de salida es de 160.000 euros por bloque de 5MW y de 360.000 euros para los de 90, según informa La Opinión de A Coruña y EFE ya que los resultados definitivos de la subasta se darán a conocer 24 horas después del cierre de la última subasta, una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.
El año pasado, el precio medio en las subastas de interrumpibilidad fue de 134.808 euros/MW para los bloques de 5MW y de 292.013 euros/MW para los de 90MW.
En total, en esta subasta, se asignarán 2.600 MW de potencia interrumpible. A partir del precio de salida, el importe va bajando en cada ronda a un precio previamente establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor que queda en la puja sin retirarse y, por tanto, está dispuesto a prestarlo al precio más bajo, explica REE, que es la empresa responsable de organizar y gestionar este sistema.
El porqué de la asignación del servicio de interrumpibilidad
El objetivo es que los grandes consumidores de energía eléctrica, a cambio una retribución económica, reduzcan su consumo cuando el operador del sistema así se lo ordene. Se diseñó en un principio como una medida preventiva para casos en los que no hay suficiente generación eléctrica. Sin embargo, con la nueva normativa, la reducción de potencia podrá realizarse tanto por motivos técnicos, es decir, por una emergencia, como por motivos económicos, que se pueden derivar si el coste de interrumpir el suministro es menor que el que resulta de aplicar los servicios de ajuste del sistema, explica REE.
Sergio de Otto, patrono de la Fundación Renovables, ha manifestado a EnergyNews que «los pagos por interrumpibilidad constituyen una de las mayores anomalías del sistema eléctrico español. Pagar en 2017 a esas grandes compañías cientos de millones de euros por la muy improbable posibilidad de interrumpirles el suministro eléctrico no es hoy, como lo pudo ser en origen, un mecanismo para proteger el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, sino que se trata de una vergonzante subvención industrial que en ningún caso deberíamos pagar los consumidores domésticos«.
Con una potencia instalada de 103.000 MW y una punta de demanda de 40.000 MW la probabilidad de tener que aplicar este mecanismo es nula, nos explica Sergio de Otto quien destaca que en nuestro país la industria paga el kWh por debajo de la media europea mientras que para los ciudadanos es el quinto más alto de la UE.
«Las tarifas 2.0, 2.1, 3.0 y 3.1, en menor medida, asumen en el coste de la energía los costes fijos regulados no solo de su parte sino también los que le correspondería a la gran industria que no paga por este concepto en la tarifas de 6 periodos«, manifiesta.
El patrono de la Fundación Renovables recalca también que «hay que recordar que la asignación del servicio de interrumpilidad en ocasiones anteriores ha requerido una modificación posterior para ceder al chantaje social de alguna gran empresa que reclama una mayor retribución«.
Me gustaría corregir, levemente, al señor Otto: los pagos por interrumpibilidad constituyen la anomalía más visible del sistema eléctrico español, ya de por sí anómalo.
Si yo tengo una fábrica de bolígrafos en un mercado donde hay capacidad para producir 103 bolígrafos y sólo capacidad para absorber 40, ¿qué pasa con el precio del bolígrafo? Si un cliente me garantiza que va a consumir un elevado porcentaje de mi producción ¿le voy a vender mis bolígrafos al mismo precio que el que me compra uno al año? ¿me será fácil retener al cliente frente a la competencia? Si hay distintas tecnologías para fabricar mis bolígrafos y puedo escoger ¿elegiré para ello la más cara o la más barata? ¿Qué ha de suceder con las fábricas basadas en la tecnología más cara?
El problema es claramente del mercado eléctrico y, al gran público, sólo se le muestra la anomalía llamada «interrumpibilidad»