Un nuevo lío se ha montado en el sector eólico. Si hace un mes se enredaban las cosas con las subastas peninsulares, ahora podría ocurrir lo mismo en Canarias. El concurso de 450 MW tiene unos 700 MW inscritos, ¿ha sido un éxito la convocatoria? ¿o un procedimiento un poco dudoso? Mientras se resuelven estas cuestiones, resurge el miedo a un paralizante proceso judicial.
Ya os contamos que el Gobierno quería instalar 450 MW eólicos en las islas y para ello organizó un concurso. A 15 días de finalizar el plazo, tan solo había 15 MW inscritos, y nos preguntábamos si había falta de interés inversor para desarrollar la eólica en Canarias pero en esas dos semanas, Industria eliminó algunos de los obstáculos pendientes y a última hora se apuntaron tantos proyectos que sobrepasaron esa cifra hasta sumar 700 MW.
Paralización de la eólica
“El problema que surge ahora es cómo se va a conceder la licencia a unos u a otros”, explica a EnergyNews Rafael Martell, presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), “y el miedo que tenemos es que se judicialice este concurso, porque las empresas a las que se les rechace pueden no entenderlo e iniciar un proceso legal, lo que me recuerda a lo ocurrido en los concursos de los años pasados”.
Y así es. Tal y como cuenta Abel Cedrés, ingeniero y experto en energías renovables en nuestro diario: “el primer intento fallido para desarrollar la eólica en Canarias fue en 2004. Estaba en preparación un concurso de asignación de potencia. No llegó a ver la luz. Se destapó una presunta trama de cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias que aun está en los tribunales. Se le denominó el ‘Caso Eólico’”.
“Años más tarde en 2007, se publicó al fin un nuevo concurso eólico. La asignación de potencia se produjo en 2010 con un total de 39 parques. La ex consejera Francisca Luengo, estando en la oposición en 2009, acertó en su vaticinio: ”este concurso acabará en los tribunales porque las bases y los criterios no son objetivos ni transparentes” y así fue. Contra esta asignación fueron presentadas denuncias judiciales por algunos de los promotores excluidos, alegando defectos en la forma de valoración. Mientras los juzgados resolvían las causas, los promotores ganadores actuaron con prudencia y detuvieron cualquier inversión en los nuevos parques. Ninguno de los 39 parques ha sido instalado a día de hoy”.
¿Y ahora?
Hay una buena noticia y una mala. La buena noticia, según fuentes del sector, “es que si hay 700 MW inscritos se podría entender que hay interés inversor, pero en realidad lo que hay es desesperación empresarial, hay que agarrarse a lo que haya”.
La mala noticia es que “aunque sabemos que unos cuantos proyectos inscritos no van a poder llevarse a cabo porque incumplen la servidumbre aérea, podría haber otros que no se concedan por causas no objetivas, entonces ¿qué ocurrirá? ¿cómo se decidirá qué criterios determinarán quiénes se pueden acoger al sistema especial de retribución y quiénes no? ¿y corre turno?”.
El portavoz de Industria y Energía del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, ha advertido que “es muy posible que quienes queden fuera comiencen una nueva batalla legal en Canarias”, un asunto muy importante porque recuerda al “gran lío jurídico del segundo concurso eólico, cuyas consecuencias finales estamos tratando de saber aún y que ha supuesto un retraso de más de una década en la implantación de la energía eólica en Canarias”.
Entrevista en RTVE al delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento. (Minuto 1h 15 min)
