La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha elaborado un informe acerca de la capacidad de aportación del sector fotovoltaico a la recuperación económica tras la crisis del COVID-19. El documento contiene una serie de medidas que serán presentadas al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Con una fuerte presencia industrial en nuestro país, el sector fotovoltaico español cuenta entre sus filas con algunas empresas con tecnologías propias situadas entre las primeras del mundo. Del mismo modo, España alberga empresas líderes a nivel global en la fabricación de componentes fotovoltaicos como inversores, así como en el ámbito de los seguidores solares. En este último segmento, de las 10 mayores compañías del mundo, 4 son españolas.
Por todo ello, el sector fotovoltaico consigue aportar al PIB más de 5.000 millones de euros en 2018, un año en el que el sector tuvo una actividad moderada en comparación con 2019, el año en el que se han batido todos los records fotovoltaicos en España. En este año, España fue el mercado líder del sector fotovoltaico en Europa y sexto a nivel mundial. Además, batió dos récords de capacidad instalada:
- 4.200 MW de nueva capacidad en el segmento de grandes plantas
- 459 MW de nueva capacidad de autoconsumo
Respecto a su capacidad de generación de empleo, el sector fotovoltaico daba trabajo a cerca de 60.000 personas de manera directa e indirecta antes del comienzo de la crisis del COVID-19.
Arancha Martínez, Presidenta de UNEF, señala: “La energía fotovoltaica debe tener un rol protagonista en la recuperación, no solo por los beneficios que aporta al sector eléctrico, al ser renovable, competitiva y fácil de implementar, sino por su aportación al conjunto de la economía y la sociedad”.
Medidas del sector fotovoltaico para la recuperación económica
En primera lugar, en el segmento de las plantas fotovoltaicas en suelo, UNEF plantea las siguientes propuestas:
- La celebración de subastas renovables, como el elemento clave que permita cumplir con los objetivos del PNIEC. Un nuevo modelo de subasta (que marque un precio por la energía generada y pay-as-bid) permitiría poner en marcha el sector con rapidez contribuyendo a la recuperación de la actividad general del país.
- La revisión del marco regulatorio de acceso y conexión estableciendo un procedimiento claro y transparente para la obtención de los permisos y que elimine comportamientos especulativos sin suponer una barrera de entrada para pequeños productores. El nuevo procedimiento debe ser además exigente en plazos para aclarar la situación real del mercado.
- La reducción de plazos de tramitación administrativa, elemento clave para acelerar el desarrollo de los proyectos, Para ello debe aumentarse la digitalización, que se permita cierta simultaneidad en los trámites con las distintas administraciones, particularmente entre la solicitud de la autorización administrativa, el cambio de uso del suelo y la licencia de obra, y los dictámenes de ciertos organismos, así como que éstas cuenten con suficiente personal cualificado. Solo con la simultaneidad se podría obtener una reducción de 6-8 meses en los tiempos.
- La definición de una política de desarrollo industrial asociada a la energía fotovoltaica, para capturar las mayores rentas en términos de empleo y crecimiento económico derivadas de la nueva capacidad a introducir por el PNIEC. Como parte de esta estrategia, se debería fomentar la innovación y desarrollo incluyendo la captación de fondos europeos y la participación en programas comunitarios. Así, los fondos estructurales pueden emplearse para apoyar proyectos innovadores y de demostración.
Del mismo modo, UNEF también presenta medidas en el segmento del autoconsumo, donde se hace fundamental llevar a cabo actuaciones a corto plazo para no perder el tejido empresarial y los empleos que estaban comenzando a crear. Para ello proponen:
- Incentivación fiscal de carácter temporal, amortización acelerada de las instalaciones para las empresas que instalen autoconsumo e IVA reducido para los clientes domésticos.
- Reducción del término fijo de la factura eléctrica para que no sea una barrera para la transición energética. En este sentido, entendemos necesaria una reforma de la fiscalidad ambiental que aplique el principio de quien contamina paga, internalizando en el precio de los combustibles fósiles su contenido en carbono y fomentando así la electrificación.
- Simplificación y digitalización de las tramitaciones administrativas del autoconsumo. Para las instalaciones sobre cubierta proponemos realizar la tramitación por la vía de la comunicación previa, como ya se hace en varias comunidades autónomas, eliminando el requisito de licencia de obras.
- Lanzamiento cuanto antes de un programa de apoyo a los proyectos innovadores y de demostración con fondos estructurales. En el caso de Ceuta y Melilla, debido a sus especiales características de energía cara y sin posibilidades de llevar a cabo plantas en suelo, proponemos que estos fondos se puedan utilizar también para las instalaciones de autoconsumo convencionales, para que no se queden al margen del proceso de transición ecológica.
- Revisión del Código Técnico de Edificación, incorporando mayores obligaciones a la instalación de autoconsumo.
- Reforma de la Ley de propiedad horizontal para facilitar la realización de instalaciones de autoconsumo colectivo, aún minoritarias.
- Campaña de promoción por parte de las administraciones públicas que traslade a los consumidores el mensaje de que el autoconsumo es una opción viable para su suministro y que, gracias a la competencia económica de la fotovoltaica, permite el ahorro en la factura.
En definitiva, la presentación de estas medidas por parte del sector fotovoltaico pretende colocar esta actividad como una de las palancas necesarias para la recuperación económica, además de continuar con la evolución de un sector beneficioso para la transición ecológica y el tejido industrial español.
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