El bono social eléctrico es una ayuda que concede el Gobierno a las familias con rentas desfavorecidas. El objetivo es facilitar el acceso a los suministros de aquellos hogares que sufren lo que se conoce como pobreza energética.
Esta ayuda solo se aplica para los domicilios habituales de personas físicas (no vale para empresas o sociedades) y siempre que tengan una potencia contratada igual o inferior a 10 kW. Para poder solicitarlo, hay que tener contratada la tarifa regulada PVPC, por lo que la solicitud hay que tramitarla a cualquier de las comercializadoras de referencia que ofrecen esta tarifa.
Bono social eléctrico
Los consumidores pueden optar a tres categorías de bono social eléctrico, proporcionales a su nivel de vulnerabilidad:
- Consumidor vulnerable. Estos hogares se benefician de un descuento en la factura del 35% del término fijo y del consumo. En el caso de la energía consumida, ese 35% de descuento tiene unos límites anuales detallados más adelante.
- Consumidor vulnerable severo. Los requisitos de acceso son más restrictivos, pero a cambio los descuentos aplicados se elevan al 50% con las mismas limitaciones en cuanto al consumo de energía bonificado.
- Consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social. Son hogares en los que los servicios sociales locales o autonómicos intervienen ante la situación excepcional del hogar. Estos hogares tienen la factura de luz gratuita
Financiación del bono social eléctrico
La pregunta es: ¿quién cubre lo que no pagan las familias que disfrutan del bono social eléctrico?
Desde 2016 y hasta 2022, era la administración responsable quien asumía el 50% de esta factura y el 50% restante lo corría por cuenta de la comercializadora. Hace un par de años, una sentencia del Tribunal Supremo declaró que no se podía aplicar tal modelo de financiación y que todas las empresas que operan en el sector (distribuidoras, comercializadoras, empresas generadoras de electricidad…) deben contribuir a su financiación.
«La realidad es que finalmente son los pequeños consumidores eléctricos los que acaban financiando este coste», explican desde la organización de consumidores OCU.
Lo que paga cada uno
Con la nueva fórmula de financiación del bono social de la electricidad, el Ejecutivo estableció en qué medida cada sector debía contribuir a sufragar el coste del bono social:
- el sector de la generación eléctrica contribuye con 46,44%
- comercializadoras (47,56%)
- distribuidoras (3,93%)
- transporte en redes de alta tensión (1,09%)
- y los consumidores directos (empresas muy grandes que compran directamente la energía sin precisar de comercializadoras), un 0,98%
Cada año se establece para cada uno de los sectorescuál es el importe concreto que tienen abonar esas empresas.
Entonces, ¿por qué paga el consumidor?
Los expertos en energía de la OCU apuntan que «sobre el papel, son las empresas las que sufragan el bono social, pero en realidad, es el consumidor eléctrico (incluido el que se beneficia del bono social) el que lo financia».
Lo que sucede es que las empresas trasladan ese coste a los consumidores en forma de un concepto en su tarifa que llaman «financiación de bono social». En este punto, «trasladan exactamente el mismo coste que tienen que pagar ellos a sus clientes».
Desde la OCU advierten que las empresas «al contratar deben informar de este concepto, aunque cuando arrancó este sistema de financiación, la mayoría optó con trasladarlo a la tarifa automáticamente al considerarlo un nuevo coste regulado e interpretar que no hacía falta comunicación previa y aceptación por parte del cliente».
Un concepto legal
Para poner fin al enfado de los consumidores, desde la organización de consumidores explican que el concepto Financiación Bono Social que aparece en la factura de la luz es legal, por tres razones:
- Las empresas que producen electricidad pueden incrementar todas el precio al que ofrecen la electricidad. Es decir, el precio de la electricidad subirá por ese mismo importe.
- Las empresas que se dedican al transporte y distribución de energía, cuyo negocio es regulado y operan con tarifas fijadas por la administración, solo necesitan que les reconozcan ese nuevo coste, y así sea trasladado a los peajes que cada año son revisados y pasan a formar parte de nuestra tarifa eléctrica
- Las comercializadoras de luz pueden trasladar ese coste de una forma u otra a sus clientes sin problema ya que no van a perder competitividad en su tarifa
Finalmente es importante matizar que incluso los beneficiarios del bono social eléctrico tienen que cubrir parte de su ayuda. Durante 2024, los hogares con la tarifa PVPC, soportan un coste de 12,40 euros al año por este concepto.
me parece un abuso y falta de responsabilidad no informar a un cliente que paga su factura de este término de la factura. Debería ser las mismas eléctricas (que ganan mucho dinero a costa de las tarifas) las responsables de ese pago o el mismo Estado quien las asumiera.