El Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética. Está dirigido a la Administración General del Estado y a las entidades del sector público estatal. Sus objetivos principales: racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas; establecer formas de organización del trabajo de empleados públicos que redunden en ese ahorro energético, sin perjuicio de los servicios y atención a los ciudadanos.
Con este plan, el Gobierno afronta el reto de impulsar actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia en el sector público estatal, algo que ya anunció MITECO en relación con la eficiencia energética. Especialmente importante es en las actuales circunstancias, con el precio de los combustibles en Europa en máximos históricos. Según el Gobierno, quieren ser un ejemplo para otras administraciones públicas y entidades privadas, contribuyendo así a la seguridad energética del país.
Plan de medidas
El Plan de medidas contempla la racionalización en instalaciones y uso de los edificios administrativos de la Administración General del Estado y otras entidades públicas. Entre esas medidas:
- Establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles.
- Mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles.
- Control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas.
- Impulso de la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo.
- Inclusión en los expedientes de contratación administrativa de cláusulas que establezcan como criterio de valoración la aplicación de medidas que impliquen un ahorro energético.
- Optimización del alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso.
- Seguimiento del uso de consumibles: papel, plásticos y otros materiales de oficina.
Otras medidas organizativas
- En cuanto a las medidas que hacen referencia al fomento de fórmulas organizativas que deben adoptar los empleados y empleadas públicas:
- Refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia. Se trata de reducir el impacto energético de desplazamientos como de consumo de energía en el propio centro de trabajo. Aunque, las medidas contemplan que se garantice siempre la prestación y calidad del servicio público.
- Cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un Plan de Trabajo. Incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello.
- El Plan de medidas aprobado en Consejo de Ministros contempla, con carácter general, que: aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia reconocidos podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos presencialmente.
- Por razones organizativas debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia. Asimismo, con carácter excepcional, se podrán establecer otros sistemas de trabajo a distancia.
- La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.
- El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal.
- Se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible.
- Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos.
Metodología para el Plan de Medidas
Asimismo, el Plan incluirá una serie de medidas de formación y sensibilización. Entre ellos, cursos gratuitos a empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en el coche. Se impartirán a través de la plataforma e-learning del IDAE.
Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial entre ambos departamentos (Hacienda y Función Pública y MITECO). Y con el apoyo técnico del IDAE. Dicho grupo de trabajo sería el encargado de analizar una posible prórroga de las medidas, en el caso de que así se valorara.
El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética lo realizará asimismo el IDAE. Para ello, utilizará el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado (SIGEE AGE). Todos los edificios e infraestructuras afectados por este Plan deberán estar dadas de alta en esta plataforma.
MITECO está movilizando para este plan un presupuesto de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación. Y lo hace mediante un Plan de Transición Energética en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad.
Igualmente, MITECO está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado. El objetivo: que centros consumidores de energía, pertenecientes al Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030.
