La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de León ha remitido un escrito a la Junta castellano leonesa en el que pide que no permita la instalación de placas fotovoltaicas en los montes de utilidad pública de León.
Los Montes de Utilidad Pública son aquellos que pertenecen a un municipio, comunidad autónoma, estado y otras entidades de derecho público y que generan importantes beneficios ambientales y sociales.
Entre los servicios que prestan los montes de utilidad pública a la sociedad se encuentran la defensa de las poblaciones, cultivos e infraestructuras frente a los efectos de las riadas, inundaciones o aludes, la regulación del régimen hidrológico en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y su consecuente disminución de los procesos erosivos y torrenciales.
También garantizan el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, ya que estos montes generan beneficios indirectos como el paisaje, el recreo, el esparcimiento y ocio al estar localizados en zonas con gran valor forestal, ambiental, ecológico o paisajístico, en espacios naturales protegidos, o en zonas destinadas a la restauración, repoblación o mejora forestal.
Montes de Utilidad Pública en León
En la provincia de León hay un total de 991 montes declarados de utilidad pública. Ocupan una superficie de 600.000 hectáreas.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de León (ASAJA) asegura en un comunicado que muchos de estos montes declarados de utilidad pública están amenazados por proyectos de energía fotovoltaica que «requerirían un cambio de uso irreversible y una pérdida irreparable desde el punto de vista medioambiental y de su uso tradicional».
En diciembre del pasado año, ASAJA de León envió una carta al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, alertándole del gran número de proyectos de energía fotovoltaica que pretenden ocupara miles de hectáreas de montes públicos.
La asociación agrícola, que se opone al cambio de uso haciendo prevalecer el agrícola, ganadero y forestal, recordó al Consejero que entres sus competencias está “regular la compatibilidad entre diferentes usos y aprovechamientos, procurando su armonización y determinado cuáles deben de prevalecer en cada caso”. ASAJA considera que la Ley de Montes dejó previsto un desarrollo normativo en esta materia que hasta ahora no se ha producido.
Según afirma la asociación, el Consejero reconoció entonces que aunque no exista un desarrollo normativo, la instalación de un parque fotovoltaico “requerirá la tramitación del correspondiente expediente de uso privativo, en el que se tiene que garantizar la compatibilidad con la conservación de los valores naturales del monte así como otros extremos”.
ASAJA pide a las Juntas Vecinales de la provincia que tengan sensibilidad para seguir dando a estos terrenos un uso tradicional del que se beneficien los agricultores y ganaderos en vez de echar a estos de sus tierras para alquilárselas a grandes empresas y fondos de inversión que nunca se han preocupado por los problemas del medio rural.
