Continúa la polémica en torno a la mina de uranio de Salamanca. La mina se debate entre autorizaciones y paralizaciones judiciales. A finales de abril, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Salamanca detuvo cautelarmente la tramitación por cuestiones medioambientales. Sin embargo, Berkeley, la empresa minera dice estar preparada para iniciar la inversión, cuando reciba las autorizaciones.
Hace unos días conocíamos que Berkeley Energía seguía avanzando en los trámites para la construcción de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca). La compañía australiana, entonces, indicaba que la paralización de los procedimientos administrativos y legales por el COVID-19 no había impedido que los permisos siguieran avanzando.
La empresa informó a la CNMC de la situación en la que se encontraban los trámites para la construcción de la mina. Y, de hecho, varios directivos de la compañía afirmaron haber mantenido un “diálogo constructivo” con diversas administraciones durante el primer trimestre. Entre ellas, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno Regional de Castilla y León y el Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca).
Berkeley presentó formalmente, a finales de marzo, la documentación oficial actualizada en relación a la Autorización de Construcción al Consejo de Seguridad Nuclear. La compañía esperaba el informe del equipo y técnico y del consejo.
Por otro lado, indicaban que la autorización del uso excepcional del suelo del Gobierno Regional, previo a la concesión de la licencia de urbanismo, seguía siendo válida.
La mina que planean construir, superficial y a cielo abierto, está situada a menos de tres kilómetros de distancia del núcleo urbano salmantino de Retortillo. Se trata de la mina de uranio más grande de Europa. La superficie autorizada es de unas 2.500 hectáreas, aunque la mina sólo ocuparía 230 hectáreas.
Además de la propia mina, la compañía tiene prevista la creación de una planta de concentrado de uranio, para convertirlo en combustible para centrales nucleares.
Impacto ambiental
La amplia superficie que van a utilizar, mina y planta, ha hecho que parte de la dehesa de Retortillo se viera amenazada. A mediados de abril, el Juzgado al que hemos hecho referencia obligó a paralizar la tala de encinas, de forma cautelar.
Y no es la primera vez que dicho juzgado paraliza cautelarmente los trámites. La plataforma Stop Uranio presentó un contencioso y consiguió en diciembre que se detuvieran.
Con respecto a la última suspensión, la empresa se defendió diciendo que tienen el informe favorable de impacto ambiental, eso sí, con medidas protectoras. No obstante, también hay organizaciones medioambientales que indican que dicho informe es “somero y superficial”.
Y, de hecho, preocupan la flora y la fauna de la zona, que son parte de la Red Natura 2000.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España ha emitido un comunicado en el que considera que el proyecto minero: ”dejará el territorio tal y como estaba o incluso en mejores condiciones.”
Polémica desde el primer día
Lo cierto es que la polémica acompaña a la mina de uranio desde el primer día, desde que se iniciaron los sondeos en 2007.
El alcalde Retortillo, del PP entonces, y a favor, fue acusado por los socialistas, vecinos y ecologistas de enriquecimiento personal a cambio de acelerar procesos. En 2011, los vecinos votaron al PSOE para la alcaldía, pero el alcalde dimitió en 2016 por ser “la única persona en contra de la mina“. Incluso sus compañeros de partido se posicionaron en su contra y votaron a favor de su construcción.
Y la polémica ha continuado y sigue presente en nuestros días.
Preparados para invertir
Lo cierto es que las autorizaciones que necesita la compañía minera aún no están en sus manos. Sin embargo, Berkeley asegura que la mina de Retortillo cuenta ya con más de 120 autorizaciones e informes favorables de las administraciones local, regional, nacional y europea. Eso, indican, ‘garantiza el estricto cumplimiento de todos los requisitos técnicos y medioambientales’.
La compañía ha explicado hoy que está preparada para invertir los 87 millones de euros iniciales en el proyecto minero Retortillo. Añaden que el proyecto generará 500 puestos de empleo en 2020 gracias a la construcción de la mina.
Afirman que, para llevar a cabo dicha inversión, la empresa está únicamente a la espera de la autorización de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear. Así como de la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo para poner en marcha su proyecto minero.
Además, informan que: el proyecto favorecerá el empleo local; aportará ingresos de un millón y medio de euros a los ayuntamientos en los que se encuentra el yacimiento; y 23 millones de euros a la Hacienda Pública en concepto fiscal.
El proyecto, según Berkeley, aportará riqueza a la zona durante al menos 14 años, desde que empiece la construcción hasta su clausura. Y, además, que el 80% de la inversión se hará en Salamanca.
La verdad es que aún no está claro el futuro de la mina de uranio de Salamanca, a pesar de la polémica y de las diversas opiniones.
