El Consejo de Ministros ha abordado la propuesta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para reformar el mercado eléctrico europeo. El objetivo de la iniciativa es rebajar los precios y reducir la volatilidad, avanzar en el proceso de descarbonización y garantizar la seguridad de suministro, así como repartir los costes de forma más justa entre productores y consumidores. La propuesta será enviada próximamente a la Comisión Europea para su análisis y evaluación.
Según el Gobierno, la propuesta pretende solucionar los problemas del diseño actual, que identifica en el escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión.
Contratar energía a largo plazo
El Gobierno aboga en su propuesta por un mercado a largo plazo que aporte la estabilidad que actualmente no ofrecen los mercados de futuros. Para ello, propone establecer, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones. De este modo, la generación renovable reflejará los costes medios de la instalaciones, trasladando la rebaja a los consumidores y garantizando su rentabilidad.
Por otro lado, se propone que en aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, como son la hidroeléctrica y la nuclear, el contrato por diferencias se materialice a un precio regulado. De esta forma, se podrían disminuir los precios de los consumidores inmediatamente, al mismo tiempo que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad a los generadores, sin que perciban beneficios extraordinarios.
Mercados de capacidad
Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso, por lo que es necesario facilitar y agilizar su implementación.
España propone mantener el actual mercado eléctrico a corto plazo, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. En cambio, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.
Todas las reformas propuestas requieren la modificación de la normativa europea, por lo que, mientras se materializa, España y Portugal van a sugerir proponer la extensión del Mecanismo Ibérico.
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