APPA advierte de que las subastas renovables producirán una acumulación de potencia a instalar en un corto espacio de tiempo y de que los 6.000 MW, que tendrán que instalarse antes del 31 de diciembre de 2019, suponen una carga excesiva para un sector que ha estado cinco años paralizado por decreto. Esta acumulación de nueva potencia en dos años y medio encarecerá la ejecución de los proyectos renovables y, en última instancia, pone en riesgo la propia instalación, asegura.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA considera la nueva subasta de renovables, prevista para el 18 de julio, «una muestra más de la precipitación y falta de planificación en el sector energético». En un comunicado, recuerda que, en declaraciones efectuadas en marzo, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, consideraba que el cambio de modelo energético tenía que ser “lento”, y ligado a interconexiones y hablaba del consenso necesario para definir el futuro mix energético de nuestro país.
Pues bien, esta Asociación opina que «apenas unos meses después de pedir un desarrollo “lento” nos encontramos con una precipitada acumulación de subastas renovables que, solo en 2017, superan los 6.000 MW, potencia que podrá ampliarse sin límite en el caso de que el coste para el sistema sea inferior al que el Gobierno establezca en la cláusula confidencial que se incluirá en la resolución por la que se convoque la subasta«.
Falta de planificación
El hecho cierto de que el legislador desconociera a comienzos de año la capacidad renovable a subastar en mayo y la existencia de una subasta adicional en julio, constata para APPA la improvisación y falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico peninsular.
«Considerar sólo el coste y llevar a cabo subastas renovables aisladas es actuar con visión de luces cortas -dice en el comunicado-. Para llevar a cabo desarrollos razonables y competitivos que pongan en valor nuestra riqueza en recursos renovables y nuestro liderazgo industrial debemos huir de la improvisación y planificar el desarrollo, hecho éste, que nuestro Ministerio de Energía no se ha planteado en las adjudicaciones llevadas a cabo, despreciando todo tipo de interlocución con el sector al respecto«.
Excesiva precipitación
Señala que las subastas renovables de 2017 tienen como condicionante la puesta en marcha antes del 31 de diciembre de 2019, plazo muy ajustado que encarecerá la ejecución y que hará que no se puedan optimizar costes en compras de maquinaria, instalaciones, transportes y en toda la cadena de montaje e incluso derivar en cierto colapso administrativo.
Además, critica que la primera subasta sólo tuvo en cuenta el componente financiero, sin más requisito que la presentación de un aval, sin considerar la existencia o no de proyectos, el recurso renovable disponible o ni siquiera su ubicación.
Apunta que «la segunda subasta, aunque incorporó algunas sugerencias presentadas en fase de alegaciones, siguió siendo una subasta de carácter eminentemente financiero, continuó ignorando la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables y priorizó la adjudicación por el tamaño de las ofertas«.
Y piensa que la tercera subasta, «anunciada en tan corto espacio de tiempo y variando las bases de retribución, sigue incidiendo en los mismos errores que las anteriores y abre una ventana a la especulación«.
Acumulación de subastas renovables
Según declaraciones de José Miguel Villarig, presidente de APPA,: “Que se adjudiquen 3.000, 6.000 ó 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración. Cuando esos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito”.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables opina que la acumulación de proyectos en un corto espacio de tiempo crea una innecesaria presión para el sector renovable, especialmente si no se producen subastas renovables separadas por tecnologías y se vuelven a concentrar todos los proyectos en una o dos tecnologías renovables.
«Esa presión se hace extensiva a los proveedores de equipo y toda la industria asociada; además de suponer un riesgo real de colapso de las Administraciones Públicas implicadas en la tramitación, especialmente en las Comunidades Autónomas con mayor número de proyectos«, explica.
