El Gobierno catalán ha aprobado una Ley de cambio climático, que siendo pionera en España, llama la atención su marcado carácter recaudatorio. Pese a que incluye criterios de racionalización para evolucionar a una transición hacia una economía baja en carbono, sorprende que una de sus medidas más claras sea la de aumentar la fiscalidad ambiental sobre todo en vehículos.
El Gobierno catalán ha aprobado el Proyecto de Ley del cambio climático que ya dejó terminado el anterior Gobierno y que ha redactado el Departamento de Territorio y Sostenibilidad actual. En él se incluyen medidas para que los departamentos competentes en materia de bienestar social, energía y agua y los entes locales definan las condiciones y la metodología que permitan establecer el consumo mínimo de energía y agua necesarios así como las tarifas sociales que aseguren la cobertura de este mínimo vital para la población en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.
Toda una declaración de intenciones que no define ninguna medida concreta. Sin embargo, para la mitigación sí que establece unos hitos de reducción de emisiones mediante la fiscalidad ambiental.
Nuevos impuestos a vehículos
La ley incorpora una nueva figura impositiva que es el impuesto sobre las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas. Pretende con ello que se incentive la apuesta por modelos más sostenibles. Este tributo se aplicará de forma gradual a partir del año 2018 para los vehículos más contaminantes (más de 160 gCO2/km). Para un turismo medio, que emita entre 120 y 130 gCO2/km, se pagará 5,5 euros al año. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, lo explicó en rueda de prensa con un ejemplo, un Seat Ibiza de cinco puertas 1.2 tsi 105 cv con una emisión de 119 gramos no pagará nada. Un Ford Mondeo berlina 2.0 tdsi de 180 cv pagaría 2,75 euros al año. Un Audi A8, pagaría entre 15,5 y 84 euros al año dependiendo de la motorización. Un Peugeot 207 deportivo, 11 euros al año.
Y en 2020, se aplicará a todo el mundo. De esta manera, cualquier residente catalán con un turismo de la categoría M1, o un comercial ligero de la categoría N1, que sobrepase los 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, tendrá que abonar anualmente una tasa por transitar en Cataluña. Esto representará de media, entre uno y cinco euros anuales para los vehículos menos contaminantes. Y por encima de diez para los vehículos más antiguos o contaminantes.
El Govern pretende con ello recaudar unos 75 millones de euros al año cuando el tributo esté aplicado plenamente.
Además, los vehículos contaminantes no solo serán gravados con impuestos y restricciones en el área metropolitana de Barcelona, también en toda Catalunya, a partir del 2018.
Carácter recaudatorio
Esta ley ha provocado la reacción de las asociaciones ecologistas, como Amigos de la Tierra, que ha denunciado que la finalidad de esta ley es la de aumentar la recaudación.
Según Hector de Prado, responsable de Clima y Energía en la organización “son leyes como ésta las que estigmatizan la lucha contra el cambio climático. Es necesario establecer medidas para reducir las emisiones procedentes del tráfico rodado, sin embargo un transporte menos contaminante no implica necesariamente pagar más impuestos, se han de fomentar alternativas como el transporte público, la bicicleta o favorecer los coches eléctricos. Además es indispensable hacer más hincapié en medidas que garanticen menos emisiones en el resto de sectores”. Según su opinión, “si llevar a cabo medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, pasa simplemente por promover nuevos impuestos entre los ciudadanos de a pie, es que no hemos entendido nada”.
De Prado afirma que “a pesar de las buenas intenciones que se desprenden a lo largo del documento, existen otras maneras más efectivas de hacer frente al cambio climático sin la necesidad de añadir un cuota tributaria al ciudadano de a pie, o apoyarse en el comercio de emisiones”. Y añade que “si bien las emisiones derivadas del transporte no son nada desdeñables, donde realmente queda mucho trabajo por hacer, es en el campo del ahorro energético en viviendas o en la ganadería”.
El documento confirma la creación de un “Fondo climático” para hacer frente, entre otros temas ambientales, a la mejora del sistema energético. No obstante, no aparecen reflejadas ni la priorización de estas acciones, ni las cantidades que se necesitarían para lograr alcanzar el 25% de reducción para 2020 respecto al año base de 2005.
