“El Ministerio de Industria, sordo a la situación y a las demandas de la Industria que cogenera”, así de tajante se muestra la patronal de la cogeneración, Acogen, al conocer los parámetros retributivos de sus instalaciones. La patronal eólica AEE, por su parte, se siente la más perjudicada y la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), anuncia pérdidas de hasta el 50%.
Tras la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, el BOE publicó la “Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos a las instalaciones tipo, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos”.
La desaparición de la cogeneración
Acogen, la Asociación Española de Cogeneración, asegura que se catapulta a una gran parte de la industria española que emplea cogeneración a una enorme pérdida de competitividad, cuyas consecuencias estructurales se irán visualizando en los próximos meses. Un 50% de las plantas de cogeneración podrían cesar su actividad a lo largo de este año y de 2015. Además, no hay que olvidar que estas industrias suman 200.000 empleos directos.
El recorte alcanza al 30% de los ingresos de las plantas de cogeneración, por importe de unos 934 millones de euros al año. Y lo peor es que la reforma energética está gravemente inconclusa y la incertidumbre y falta de confianza empresarial por ello tiene consecuencias devastadoras.
En lo que va de 2014, la producción de la cogeneración se ha desplomado en algunos meses hasta el 40%. Esta situación se agrava porque el Ministerio está incumpliendo pagos a los cogeneradores, a los que sólo han abonado en el año el 45% de sus facturas. Y por si fuera poco, hay una posible refacturación desde julio de 2013 con los nuevos parámetros de la orden, que conllevará la reclamación de importantes cifras económicas a las industrias cuyas consecuencias legales y operativas serán desastrosas.
La eólica, la más penalizada
Luis Polo, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) asegura que “a juicio de AEE, las medidas adoptadas a través de la Reforma Energética no responden a la lógica económica. Un claro ejemplo es que la tecnología más castigada es la más barata. Los cambios normativos que se proponen son retroactivos y discriminatorios, vulneran los principios de buena regulación y suponen un grave ataque contra la seguridad jurídica. En definitiva, AEE considera inadmisible el trato que se le da a la eólica, sin duda, la tecnología más penalizada por la Reforma Energética. Entre otras cosas, las instalaciones eólicas anteriores a 2004 –el 28% del total– no tendrán derecho a ningún tipo de incentivo. La nueva normativa tendrá, sin duda, un fuerte impacto en la industria eólica, una de las más innovadoras y con más futuro de España, lo que traerá consigo deslocalizaciones, nuevos despidos, refinanciaciones y un sinfín de efectos perversos. AEE expondrá a sus asociados todas las opciones legales a su alcance para actuar contra esta Reforma y obrará conforme a lo que los socios decidan”.
La termosolar en picado
Según Protermosolar, la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica, el nuevo sistema de retribución consolida la situación de acumulación de recortes a la industria termosolar respecto a las condiciones que motivaron la inversión en las centrales y aleja a esta tecnología de la rentabilidad razonable establecida en la ley. Ahora es del 15% de media y del 20% en el caso de las plantas que disponen de almacenamiento térmico.
En este contexto, los ingresos actuales de las plantas representan un recorte del 50% frente a los planes de negocio establecidos al inicio de su construcción.
Además, la singularidad de ciertas centrales termosolares solo permite disponer de la inversión realizada y auditorías externas como baremos para determinar si pueden considerarse “empresa eficiente” y “bien gestionada”, con lo que en estos casos, los estándares aprobados tampoco se corresponden con la inversión efectuada.
Estas medidas, nuevamente, comprometen la viabilidad de una industria en la que España es pionera y cercena sus posibilidades de abordar los mercados emergentes exteriores, así como la financiación del sector.
