El Parlamento Europeo quiere comenzar a abrir camino a una nueva legislación en la Unión Europea para obligar a las empresas a respetar estándares de medio ambiente y de derechos humanos en sus cadenas de producción. Por otra parte, esta mañana se ha aprobado una resolución para gravar las importaciones procedentes de países con leyes poco restrictivas en cuanto a emisiones.
En un informe de iniciativa legislativa aprobado con 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones, la Cámara reclama la adopción urgente de normas vinculantes en la UE para asegurar que las compañías son responsables y objeto de sanción cuando provoquen un daño -o contribuyan a provocarlo- a los derechos humanos, el medio ambiente o la gobernanza.
Del mismo modo, los eurodiputados también quieren garantizar el derecho a la vía judicial, para lo que se presentará una propuesta de este ámbito durante el presente año.
Sostenibilidad y buena gobernanza
Implantar reglas vinculantes sobre diligencia debida obligaría a las compañías a identificar, abordar y corregir los impactos adversos potenciales o efectivos sobre los derechos humanos (incluido los derechos sociales, laborales y sindicales), el medio ambiente (por ejemplo, si contribuyen al cambio climático o la deforestación) y la buena gobernanza (como la corrupción y los sobornos) en su cadena de valor.
Según los eurodiputados, la diligencia debida es un instrumento preventivo que obliga a las empresas a tomar medidas proporcionales basadas en la probabilidad y gravedad del daño, el sector de actividad, el tamaño y la extensión de la cadena de valor y el tamaño de la entidad.
Aplicación fuera de la UE
Las empresas que quieran operar en la UE, incluidas las que no tienen sede en territorio europeo, deberán probar que cumplen los estándares de diligencia en lo referido a derechos humanos y medio ambiente.
El Parlamento pide medidas adicionales, incluida la prohibición de la importación de productos vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso. Los acuerdos comerciales de la UE deben incluir estos objetivos. Los eurodiputados también piden a la Comisión que evalúe si las empresas de la región china de Xinjiang que exportan a la UE están implicadas en vulneraciones de los derechos humanos, especialmente relacionadas con la represión de la población uigur.
Para garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación, las empresas serán consideradas legalmente responsables por sus acciones y podrán ser sancionadas por el daño causado o su contribución, a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las obligaciones de diligencia debida y tomado medidas para evitar el efecto adverso. Los derechos de las víctimas en terceros países, especialmente vulnerables, también deberán quedar mejor protegidos, ya que podrán recurrir a los tribunales en virtud de la legislación de la UE.
Condiciones de competencia justas
Para que las condiciones de competencia sean justas, el futuro marco legislativo sobre diligencia debida debe ser amplio y aplicarse a todas las grandes compañías sujetas a las leyes europeas o establecidas en territorio de la UE, incluidas las que ofrecen servicios financieros. Las reglas también deberán aplicarse a las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa y las pequeñas y medianas empresas de alto riesgo, que deberían recibir ayuda técnica para cumplir los requisitos.
Lara Wolters, de S&D (Socialists and Democrats), ha señalado:
«La nueva legislación sobre diligencia debida tiene que fijar estándares para una conducta empresarial responsable dentro y fuera de Europa. No podemos aceptar que la deforestación o el trabajo forzoso sean parte de la cadena global de suministro. Las empresas deben hacer lo necesario para evitar que su actividad provoque daños a las personas y al planeta. Las reglas también deben dar a las víctimas el derecho a recibir asistencia y buscar compensación, garantizando a la vez condiciones equitativas y seguridad jurídica a las empresas”.
