España ha perdido su segundo arbitraje internacional en relación a las consecuencias que tuvo la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha dictado un laudo contra el Reino de España que le obliga a pagar 53 millones de euros a una entidad de Luxemburgo, que sufrió drásticos recortes tras invertir en renovables en nuestro país y posteriormente ver sustituido el marco regulatorio con carácter retroactivo.
España ha perdido de momento dos laudos internacionales por los recortes a las renovables, el primero en la Corte de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, en favor de la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa (Energia Solar Luxembourg), por el que debería recibir 128 millones de euros más intereses -vinculadas a Isolux- y el segundo éste recién dictado por la Cámara de Comercio de Estocolmo.
Falta una treintena de arbitrajes todavía por resolverse, recuerda la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltacia Anpier en un comunicado en el que advierte que «si se perdiesen todos los laudos arbitrales, el sistema eléctrico podría llegar a incrementar sus costes en unos 7.000 Millones de euros«.
Para esta Asociación la reforma que elaboró el Ministro Soria condenó a la ruina a 62.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes «para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemnizará a los inversores foráneos, mientras abandona a sus nacionales, que sufren quebrantos muy superiores«.
Segundo arbitraje internacional
Por eso, aprovecha esta ocasión para pedir de nuevo al Gobierno «una solución que restaure el daño causado al sector fotovoltaico«. Según Anpier hay productores fotovoltaicos que han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias.
Para Anpier la reforma que elaboró el Ministro Soria condenó a la ruina a 62.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto después de que Anpier advirtiera a esta institución a lo que el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional«.
Añadía que «se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía
