En este artículo, Fernando Soto, Director General de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía), pone de manifiesto, entre otras, la apremiante necesidad de contar con un Estatuto para los Consumidores Electrointensivos que logre paliar la desventaja competitiva que sufre nuestra industria electrointensiva frente a sus principales competidores europeos debido a nuestro alto coste eléctrico.
Nuestro coste eléctrico es uno de los más caros de Europa, lo que amenaza seriamente la competitividad de la industria básica en España. Entre 2017 y 2018, el precio eléctrico final pagado por la industria fue de unos 20 a 25 euros por MWh, un 50% más que el de nuestros competidores franceses y alemanes, respectivamente. Más de la mitad de ese diferencial que sufre la industria electrointensiva española se corresponde con los elevados precios de nuestro mercado eléctrico, que en los dos últimos años alcanzó de media los 15 euros por MWh más caro que el mercado alemán, como pone de manifiesto el Consejo de Reguladores del MIBEL, en su reciente informe “Estudio comparativo de los precios MIBEL (contado y plazo) con otros mercados europeos y su relación con el mercado único”. El resto del diferencial proviene de los costes del sistema y de las diferentes compensaciones que reciben las industrias europeas competidoras y que las nuestras no tienen.
El Gobierno, ahora en funciones, reconoció a finales de 2018 la enorme pérdida de competitividad que causa esta circunstancia a las industrias electrointensivas españolas, comprometiéndose a aprobar de forma urgente un “Estatuto para los consumidores electrointensivos” que recogiera mecanismos tendentes a reducir esa desventaja, nivelando el precio de la electricidad en nuestro país con el de nuestros principales competidores del resto de Europa.
Partiendo de esta base, Gobierno y asociaciones industriales afectadas colaboraron durante meses de intenso trabajo. Hoy, ocho meses después, resulta tremendamente preocupante no contar aún con ese Estatuto. El borrador que conocemos no considera ninguna medida nueva que suponga una ayuda concreta a corto plazo, y las dos medidas que aparecían en el borrador inicial –conocido en abril– han desaparecido de la actual versión, si bien se está analizando un mecanismo de compensación de los cargos para la financiación de las renovables y otro que de garantía para fomentar la contratación de suministros de electricidad a largo plazo con generadores renovables.
Por si fuera poco, la retribución del servicio de interrumpibilidad, que era la principal herramienta de nuestras industrias para reducir el diferencial de precios con Europa, ha sufrido una drástica reducción en dos años. Las subastas del servicio para el segundo semestre de 2019, celebradas hace unas semanas, han situado su retribución anual en 196 millones de euros, un 40% menos que en 2018.
Pero las incertidumbres para la industria electrointensiva no acaban aquí ya que acaba también de anunciarse que estas subastas habrían sido las últimas, lo que sorprende notablemente ya que hay muchos países europeos que cuentan con este servicio al menos hasta 2022, como elemento importante de seguridad de su sistema eléctrico, y tienen una capacidad de interconexión con el resto de Europa del 10-15%, en contraste con el escaso 3% que tiene la península Ibérica con Francia. De hecho somos una isla eléctrica.
Y si todo lo anterior no supusiera por si solo suficiente preocupación e incertidumbre para los industriales electrointensivos, la dotación a pagar este año por la compensación del CO2 indirecto de 2018 son 91 millones de euros –con el compromiso de alcanzar los 200 millones de euros–, ello a pesar de que la Comisión Europea permitiría destinar el 25% del total de ingresos de las subastas de derechos de emisión a compensar el CO2 indirecto que paga la industria en su factura de electricidad (en 2018, más de 1.300 millones), y no hay certidumbre sobre las dotaciones que se destinarán en 2020 y años siguientes. Es preciso que estos ingresos de las subastas de derechos de emisión faciliten la certidumbre de ingresos para los mecanismos de compensación que la industria necesita.
La industria básica, un motor económico del país
Estamos viendo como las industrias básicas electrointensivas, uno de los motores de nuestra economía nacional, con empleo cualificado, estable y de calidad, van perdiendo progresiva y continuamente competitividad por el elevado coste eléctrico, situación que está dando lugar a una pérdida de producción en determinados sectores con anuncios de expedientes de regulación y cierre de fábricas. Los datos señalan que en 2018, las industrias asociadas en AEGE disminuyeron su consumo de electricidad hasta los 23 TWh, 6,4 % inferior al de 2017.
La industria electrointensiva asociada en AEGE –siderurgia, metalurgia no férrica, química, gases industriales y otros– está plenamente comprometida con el reto de la transición energética y tiene bien hechos sus deberes, mejorando la eficiencia energética de sus procesos industriales, implantado sistemas de gestión energética según la ISO 50.001, gestionando su consumo energético y prestando el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Con estas actividades, la industria electrointensiva ayuda a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto a la vez que facilita la integración de las energías renovables no gestionables, minimizando sus vertidos, y colabora con el operador del sistema garantizando la seguridad de suministro.
La industria básica es además uno de los pilares que garantizan el objetivo de electrificar la economía en los horizontes 2030 y 2050, ya que su gestión de la demanda eléctrica – contrastada durante más de 30 años–, aporta la flexibilidad que el sistema necesita en un mix con fuerte presencia de renovables. Es clave seguir contando a futuro con esa flexibilidad que aporta la gestión de la demanda de la industria electrointensiva en un sistema eléctrico aislado, con fuerte presencia de renovables y con débil interconexión eléctrica con Francia, muy alejada del mínimo del 10% establecido por la UE que no se alcanzará antes de 2030.
Las empresas integradas en AEGE, que suman más de 20.000 millones de euros de facturación anual y más de 186.000 empleos estables y de calidad, están preocupadas por su futuro y piden medidas y mecanismos urgentes que aporten certidumbre, estén dotados económicamente y faciliten la asimilación del coste energético con el de nuestros principales competidores europeos. Pedimos las mismas condiciones que ellos tienen desde hace mucho tiempo.
Objetivo: recortar el diferencial de 20€/MWh que la industria española paga de más
La industria electrointensiva española espera impaciente y en alerta máxima que los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y para la Transición Ecológica aprueben el Estatuto con mecanismos validados por la Comisión Europea y dotación económica suficiente para lograr el objetivo de recortar esos 20 euros por MWh que pagamos de más. Solo así se evitará que el trabajo de tantos años para ganar en eficiencia energética se desmorone por los elevados costes eléctricos de España.
Desde hace años, en AEGE venimos reclamando que se armonicen las condiciones de suministro con las de nuestros competidores franceses y alemanes. Las empresas necesitamos salvar la situación en el corto plazo; tenemos que seguir produciendo sin perjuicio de confiar en contar con precios eléctricos competitivos en 2030. Ahora es cuando necesitamos esa transición justa y ese Estatuto de Consumidores Electrointensivos que nos proporcione seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales, dotándolas de un marco en el que puedan seguir produciendo e invirtiendo en el país.
