Casi 40 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono durante el verano de 2018 en España, aseguran desde Ecologistas en Acción. El Informe anual sobre la contaminación atmosférica por ozono de la organización concluye que el 85 % de la población y el 92 % del territorio han estado expuestos a unos niveles insalubres de este contaminante este año. La quema de combustibles fósiles y el cambio climático son algunas de las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.
El informe sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 472 estaciones oficiales de medición instaladas en toda España, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas, y por zonas y estaciones de medición.
Principales conclusiones del Ecologistas en Acción
El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2018, a pesar de la mayor inestabilidad atmosférica y el menor calor, sobre todo en primavera, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a 39,7 millones de personas en España, el 85 % de su población, así como a 466.000 kilómetros cuadrados, el 92 % del territorio. Es decir, seis de cada siete españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.
Durante 2018, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, que han presentado la peor situación del Estado. En cambio, los niveles de ozono han sido más moderados en las comunidades autónomas del Cantábrico, el Valle del Ebro, Castilla y León y las Islas Canarias, y también en Andalucía, País Valenciano, Cataluña y las Illes Balears.
El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata, por lo tanto, de un contaminante secundario que durante la primavera y el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está acompañando al cambio de ciclo económico. La coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran inestabilidad atmosférica primaveral y un fuerte calor estival (la primavera ha sido la más lluviosa y el final del verano el más cálido desde 1965), ha concentrado el ozono en los meses de julio, agosto y septiembre, influenciado por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático.
Según Ecologistas en Acción la contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2018.
El informe también concluye que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Además, los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación, pero 12 comunidades autónomas siguen sin elaborarlos. Por eso, Ecologistas en Acción reclama al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que aborde el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace años, al que remiten las comunidades autónomas para justificar su inactividad.
Para la organización ecologista
