El Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto-Ley que, entre otras medias, acaba con la burbuja de renovables. Además, contempla un nuevo sistema de subastas para el desarrollo de proyectos ‘verdes’. La variable sobre la que se pujará será el precio de la energía y se celebrará en el segundo semestre del año.
Propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto-Ley busca poner fin a los movimientos especulativos de los que hemos alertado antes. Incluso dijimos que España daba la impresión de dirigirse hacia una nueva “burbuja en renovables”. Las solicitudes de conexión a la red de fuentes renovables crecían hace un año de forma imparable. Y, por detrás de muchas de ellas, no había más que especulación.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho en rueda de prensa que las nuevas medidas aprobadas, ayudarán a “desplegar la transición verde”. Y ha afirmado:
“España está preparada para aprovechar una nueva revolución industrial”
Con esta afirmación se refería a la oportunidad que suponen las renovables, a la que nuestro país no debe renunciar.
Las medidas
Esta nueva normativa trata de marcar un plan para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable “de forma ordenada y rápida”. Además, intenta favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.
En consecuencia, toma las medidas necesarias para asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica estén asociados a proyectos reales y firmes. Se trata de dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. Además, las medidas quieren evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.
Las solicitudes, actualmente, suman un total de más de 430.000 megavatios (MW) -aunque se consideran correctamente presentadas unos 295.000 MW-, según datos del Ejecutivo. Estas cifras multiplican por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030. El plan, estima el gabinete de Teresa Ribera, supondrá unas inversiones de más de 90.000 millones de euros. Además, generará entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.
Especulación en las solicitudes
En buena parte de las solicitudes había indicios de un eventual “componente especulativo”. La evidencia es la madurez de los proyectos; incluso el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión -en torno a un 60%.
Según el ministerio, esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes.
Por ello, el Gobierno cree que resultaba urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias. Eso permitirá alcanzar los objetivos del 74% de la electricidad renovable en España en 2030, el 100% antes de 2050.
De esta manera, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento del otorgamiento.
Nuevas exigencias y nueva normativa
Las licencias irán caducando si las solicitudes no cumplen los requisitos impuestos. Concretamente, los titulares deberán ir acreditando el cumplimiento de cada una de esas exigencias. Entre ellas: la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción, y, además, cumplirlos en los tiempos fijados.
Si no fuera así, los permisos caducarían automáticamente y se procedería a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, los titulares y los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas. En ese caso, se procedería a la devolución de las garantías.
Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso. Por tanto, no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos. Las nuevas solicitudes, entonces, exigirán mayor maduración de los proyectos y estudios previos.
El Gobierno pretende con ello evitar nuevas solicitudes especulativas, sobre la capacidad que se libere, mientras desarrolla la normativa. Ésta deberá pasar por la aprobación del Gobierno y de la CNMC en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-Ley.
Nuevo sistema de subastas
En cuanto al nuevo sistema de subastas que el Gobierno desarrolla, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.
Fuentes del ministerio dan por supuesto que habrá subastas de renovables durante el segundo semestre, aunque sin precisar la potencia.
El objetivo es que el trámite de la normativa del nuevo sistema de subastas arranque ya mismo, tras la publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y, además, que esté aprobada a finales del verano.
El lanzamiento de las subastas no necesitará que el proyecto de Ley de Cambio reciba el visto bueno en el Congreso de los Diputados. De ahí que se haya incorporado al Real Decreto-Ley. Se entiende que es de extrema necesidad, como consecuencia de su impacto en la reactivación económica, la generación de empleo y los objetivos de renovables.
Otro marco para el nuevo sistema de subastas
Con estas mediadas se pone fin al marco regulatorio de 2013. Entonces, el coste de generación de un kilovatio-hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado.
La situación actual es la contraria y por eso es necesario actualizar el modelo. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. De ahí que los precios de las subastas de países de nuestro entorno, sean inferiores a los registrados en el mercado eléctrico.
También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables. Así, podrán competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.
Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
Tramitación de proyectos renovables
El Real Decreto-ley también recoge medidas para simplificar y agilizar la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada. Eso elimina las barreras para su puesta en marcha.
Asimismo, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial. Además, se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.
Se incorporan a la regulación, por tanto, nuevos modelos de negocio que el sector demanda. Tal es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. También se regulan las comunidades de energías renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética.
FUENTE: EuropaPress
