Para la patronal renovable mantener artificialmente en operación centrales que hayan solicitado el cierre va contra los objetivos de España y posiciona al país a contracorriente de Europa y del mundo. A su juicio, el Ministerio de Energía debe demostrar que mantener abiertas de forma obligatoria determinadas centrales de generación es positivo para el interés general. Además, exige una planificación de cuánta potencia renovable va a instalarse y qué centrales van a cerrar.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia la falta de coherencia del Gobierno, que «por una parte está impulsando el desarrollo de las energías renovables pero -explica-, por otra, está poniendo condicionantes a las decisiones empresariales de cierre de centrales que las compañías no consideran viables».
Al respecto, señala que aunque la actual Ley del Sector Eléctrico ya reserva al Gobierno la competencia para autorizar o no el cierre de las instalaciones de generación, éste pretende alargar artificialmente la vida de determinadas centrales de generación mediante un nuevo real decreto.
APPA se refiere al Real Decreto que regula el cierre de centrales eléctricas y que el pasado martes el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital anunció en un comunicado que había enviado a la CNMC. “Así, el Gobierno contará con una medida regulatoria que asegurar que las decisiones de cierre de centrales son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, sostenibilidad y precio de la energía“, explicaba.
Cierre de centrales eléctricas
Según explicó se denegará el cierre de una instalación cuando amenace a la seguridad de suministro o suponga efectos desfavorables en los precios, entre otros motivos.
Para APPA, este real decreto establece condiciones adicionales a las ya previstas en la legislación actual para autorizar el cierre de centrales, condiciones que dependen tanto de informes de Red Eléctrica de España, ENAGAS, CNMC y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como de informes de la propia Dirección General de Política Energética y Minas, «marcando un nuevo capítulo en la falta de coherencia que sufre la política energética nacional«.
En su opinión, «las recientes subastas de potencia renovable, precedidas por más de cinco años de moratoria renovable impuesta, demuestran la urgencia del Gobierno por alcanzar los objetivos comprometidos con Bruselas para 2020. Sin embargo, los objetivos no se limitan a la penetración de renovables en el mix energético, sino que también obedecen a una necesidad de aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2«.
Añade que la voluntad política del Ministerio de evitar el cierre de determinadas centrales va en contra de la tendencia europea y que en la Unión Europea, las centrales convencionales, son las que están desapareciendo del sistema energético a mayor velocidad: 
«La contradicción en la política energética es evidente. Más aún, si cabe, después de que el mismo martes 14 de noviembre España se adhiriera a la Plataforma 2050, comprometiéndose a que, en el año 2050, nuestra economía no emitirá más emisiones de las que pueda absorber«, apostilla.
