Siete entidades cívicas han presentado alegaciones a la Ley del Cambio Climático que se discute en el Congreso. Piden, entre otras cosas, que se adelante la fecha de prohibición para la fabricación de vehículos de combustión a 2035. Asimismo, que no se concedan ayudas a los combustibles fósiles; que no se prorroguen los permisos de explotación o exploración de hidrocarburos; que se adopten medidas para frenar las emisiones en los puertos.
Según explica La Vanguardia, las entidades que han apoyado las citadas alegaciones a la Ley de Cambio Climático son: Ecodes; el Real Instituto Elcano; la Fundación Renovables; el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA); SEO Birdlife; Transport and Environment; y Climate and Strategy.
El documento recoge propuestas detalladas para lograr que en el 2050 se alcance la neutralidad climática; es decir, el balance 0 de emisiones.
En este sentido, como gran instrumento legal, se propone establecer metas temporales mediante presupuestos de carbono de carácter quinquenal. Con ello se establece la senda que permita alcanzar los objetivos.
Alegaciones a la Ley de Cambio Climático
El texto remitido valora positivamente la previsión de prohibir nuevas autorizaciones para explotar hidrocarburos en España y sus aguas marinas (investigación, exploración y explotación). Aunque reclama además que los permisos y concesiones vigentes (sobre todo frente a la costa de Tarragona) no puedan prorrogarse.
El proyecto de ley, tal y como se discute hoy, contempla una posible prórroga de los permisos de investigación y la concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos hasta fin de 2042.
Carlos Bravo, uno de los promotores de esta iniciativa desde Transport and Environment, lo explica:
“La emergencia climática nos obliga a prescindir cuanto antes de los combustibles fósiles para lograr reducir de la manera más rápida posible las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar una economía plenamente descarbonizada lo antes posible del 2050. En este contexto, no tiene sentido seguir llevando a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.
Además, las alegaciones a la Lay de cambio Climático piden que no se autoricen nuevos proyectos de exploración y explotación relacionados con el uranio. Incluso con oros minerales susceptibles de ser utilizados para generar energía nuclear.
Reducir emisiones
La alianza plantea que la Ley retome los objetivos del plan de energía y clima 2021-2030.
Eso llevaría a conseguir una reducción de gases de efecto invernadero del 23% para 2030 respecto a 1990. El documento actual lo fija en un -20%.
Y, con respecto a otros objetivos:
- Se reclama que las renovables pasen del 35% al 42% respecto al consumo final para el 2020
- Que las fuentes limpias aporten el 74% y no el 70% del sistema eléctrico.
- Además, que los objetivos sobre eficiencia energética (ahorro) pasen a ser del 39,5%, que ahora se sitúa en un 35%.
- Que se adelante en cinco años el previsto plan para poner fin a la fabricación de los coches convencionales. Consideran que esta idea se ajusta mejor a los objetivos del Acuerdo de París y a la contención de la temperatura del planeta a 1,5ºC.
- La creación de zonas de bajas en todas las grandes ciudades, obligatoria desde 2022, no desde 2023.
- Acuerdos entre administraciones locales y autonómicas para que antes de 2022 se construyan carriles bus y para vehículos de alta capacidad en autovías y autopistas de acceso a ciudades.
- Que se fijen cuotas mínimas de biocombustibles para la aviación.
- La prohibición de la minería de uranio destinada a producir combustible para las plantas de energía nuclear.
- Que se cambie la redacción con respecto a las ayudas a los combustibles fósiles por ser vaga e insuficiente. Concretamente, establece excepciones justificadas por “razones sociales económicas o de inexistencia de alternativa tecnológica”.
- Además, piden que esas ayudas se reorienten hacia energías limpias.
- También considera el documento que es necesaria la reducción de emisiones en los puertos. Por ello, se pide la adopción de un estándar de cero emisiones en los atraques en los puertos. Y, además, que se mejore la eficiencia energética de los barcos que lleguen a los puertos españoles.
Otras cuestiones en las alegaciones a la Ley
También proponen, en sus alegaciones a la Ley de Cambio Climático, una evaluación de los subsidios que recibe el gas en la producción eléctrica. Son los llamados pagos por capacidad. Gracias a ellos, las plantas térmicas reciban cuantiosas ayudas (aunque las instalaciones estén paradas) obtenidas con el argumento de su disponibilidad cuando se les requiera. Reclaman que:
“En ningún caso puedan obtener estos subsidios las centrales de generación que emiten por encima de 550 g CO2 kilovatio-hora”.
Igualmente, se indica que:
“Los mercados de capacidad deban estar abiertos a todo tipo de sistemas de energía, incluyendo fuentes renovables, gestión de la demanda y almacenamiento”.
“Los contratos de los mercados de capacidad que se adjudiquen en ningún caso superarán un período máximo de cinco años”.
Añade el documento que, en ese momento, se deberá revaluar la necesidad del mercado de capacidad.
Las concesiones hidroeléctricas
El documento pide que las confederaciones hidrográficas, si sacan a concurso concesiones, incorporen obligatoriamente condicionantes ambientales.
En este capítulo se propone fomentar las tecnologías de gestión de la demanda, redes inteligentes y almacenamiento energético, tanto distribuido como centralizado. Entre ellas el almacenamiento térmico en centrales termosolares.
Comité de expertos y medios suficientes
Entre las demás alegaciones, también se persigue definir mejor las características del Comité de Expertos de Cambio Climático. Indican que el órgano será responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre políticas y medidas de energía y cambio climático.; que su composición deberá ser paritaria, hombre y mujeres. Además, deberá tener recursos financieros de los presupuestos generales y el personal adecuado para llevar a cabo sus funciones.
También se pide la elaboración de un catálogo de especies altamente vulnerables, animales y vegetales. Deberá estar realizado en cuatro años.
Asimismo, que los materiales de construcción utilizados, tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios, tengan la menor huella de carbono posible.
