El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Cambio Climático que será enviado a las Cortes para su tramitación. El proyecto de ley persigue que España sea un país neutro en emisiones de CO2 para 2050 a través de la transformación de nuestra economía hacia un modelo descarbonizado.
María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la relevancia que la transición energética y la lucha contra el cambio climático tienen para el Gobierno, considerando ambos aspectos como los grandes ejes sobre los que se llevará a cabo la reconstrucción social del país.
Montero ha insistido en la condición universal que tiene la transición ecológica y su máxima de no dejarse a nadie en el camino, se trata de un proyecto para todos los ciudadanos. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de que la reconstrucción social y económica de España se lleve a cabo cimentada en los principios del Acuerdo Verde Europeo y la transición justa.
Proyecto de Ley de Cambio Climático
La propuesta de ley incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía.
El proyecto de ley determina que España debe alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, así como un sistema eléctrico 100% renovable. Para ello, la primera meta es 2030, en la que España debería haber conseguido reducir sus emisiones en un 20% respecto a 1990.
Durante el proceso de transición ecológica, las previsiones estiman la movilización de 200.000 millones de euros de inversión hasta 2030 y la creación de entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo de forma anual.
Del mismo modo, en 2030, el 35% del consumo final de la energía habrá de tener origen renovable, mientras que en el sistema eléctrico la energía limpia tendrá que representar un 70% de la generación. Será en 2050 cuando España consiga tener un sistema eléctrico 100% renovable y un consumo de energía primaria un 35% menor.
¿Cómo lograr estos objetivos?
El camino hacia la descarbonización completa será largo y tendrá que articularse en varias fases. Para ello, el Gobierno implantará sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, que dibuja la hoja de ruta entre 2021 y 2030, contempla la reducción de las emisiones de CO2 en un 23% respecto a 1990 y alcanzar un 42% de renovables en el consumo final de energía. Así, la presencia de las energías verdes alcanzaría un 74% en el sistema eléctrica.
En términos de beneficios económicos, se espera que el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables tendrán como consecuencia un crecimiento de cerca del 1,8% del PIB, es decir, de 16.500 a 25.700 millones de euros.
Junto a estos planes, el Ministerio para la Transición Ecológica apunta que estos objetivos estarán especificados en la Estrategia a Largo Plazo 2050 que el Gobierno está finalizando. Del mismo modo, el proyecto de ley contempla la creación del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuya función será realizar evaluaciones y recomendaciones que estarán recogidas en un informe anual que será debatido en el Congreso de los Diputados.
También es importante destacar que dentro de los plazos que establece el proyecto de ley, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas habrán de informar sobre sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
No se matricularán coches que emitan CO2 desde 2040
Respecto al transporte, la actividad responsable del 42% de las emisiones totales de CO2, el proyecto de ley establece la prohibición de matricular vehículos diésel, gasolina, híbridos o de gas a partir de 2040. Este horizonte representa el primer escalón de la Ley de Cambio Climático en su afán por conseguir un parque automovilístico sin emisiones en 2050. A partir de este año, no será posible circular con coches emisores de CO2 y además, los municipios de más de 50.000 habitantes podrán crear sus propias zonas de bajas de emisiones en las que podría limitarse la circulación de este tipo de vehículos.
El proyecto de ley también recoge medidas respecto a las estaciones de servicio, Así, aquellas que vendan más de 10 millones de litros de combustible al año tendrán que contar con una infraestructura de recarga eléctrica de al menos una potencia de 50 kW que tendrá que estar operativa en los 21 primeros meses tras la entrada en vigor de la ley. Las estaciones de servicio con ventas anuales entre 5 y 10 millones de litros estarán también obligadas a con al menos una infraestructura de recarga con una potencia igual o superior a 50 kW con un plazo de 27 meses para ponerla en funcionamiento. Por último, las nuevas estaciones de servicio o aquellas que acometan reformas a partir de 2021, independientemente del volumen de ventas, tendrán que contar en sus instalaciones con una infraestructura de recarga eléctrica con potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua y que tendrá que estar en funcionamiento desde que la instalación comience a prestar servicio.
Zonas de bajas emisiones antes de 2023
Como hemos mencionado antes, el proyecto de ley insta a los ayuntamientos de municipios con más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones y promover medidas de reducción de emisiones del transporte como el fomento de la bicicleta, el transporte público, la movilidad eléctrica compartida.
Por otra parte, a este respecto, el proyecto de ley establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que signifique una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes tendrá que recibir un informe del Ministerio y del organismo autonómico competente para poder llevarse a cabo.
Frenazo a los fósiles y el fracking
Por último, el proyecto de Ley de Cambio Climático no contempla la autorización de nuevos proyectos en los que se haga uso de combustibles fósiles y los beneficios fiscales a los productos de origen fósil tendrán que estar justificados por motivos de interés social o económico. Del mismo modo, no se concederán nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación ni se otorgarán concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en todo el territorio español.
Además, el proyecto de ley fomentará el uso de gases renovables como el biometano, el biogás y el hidrógeno.
Reacciones a la aprobación del proyecto de ley
Las asociaciones del sector energético no han tardado en hacer públicas sus reacciones ante la aprobación del proyecto de ley.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), ha celebrado la aprobación de los objetivos renovables y considera que es un gran paso para el sector de las renovables, llamado a ser clave en la reconstrucción económica de España. José Miguel Villarig, Presidente de APPA Renovables, señala: “El desarrollo del sector renovable nacional es una oportunidad para industrializar nuestro país y crear decenas de miles de empleos durante la próxima década, es por ello que esperamos el máximo consenso posible en la aprobación de esta Ley en las Cortes”.
Por su parte, Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera positiva la Ley de Cambio Climático. Desde la entidad consideran positivo positivo que se impulse la hibridación, permitiendo mantener el punto de conexión de instalaciones existentes al incorporar distintas tecnologías de generación, siempre que se respeten los requisitos técnicos y la capacidad de acceso ya concedida, y que se introduzca la posibilidad de la sobrepotenciación de las instalaciones, siempre que se respete la capacidad máxima de acceso. Del mismo modo, celebran que se considere a la fotovoltaica, las renovables y la eficiencia energética como factores clave para superar la crisis sanitaria de la COVID-19.
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