La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) junto con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Comisiones Obreras y organizaciones de consumidores presentaron ayer varios recursos contra el Decreto de Autoconsumo ante el Tribunal Supremo.
El Real Decreto 900/2015 aprobado el pasado mes de octubre podría tener sus días contados. Ayer se presentaron cuatro recursos ante el Tribunal Supremo para que plantee una cuestión prejudicial de derecho europeo ya que, en opinión de las organizaciones sociales y de renovables, incumple varias directivas europeas. “Queremos impugnar esta normativa antes de las Elecciones Generales, porque pese a que se ha anunciado por parte de todos los partidos de la oposición que la derogarán si gobiernan, las promesas políticas son como las previsiones del tiempo, a veces se cumplen y a veces no”, recordó a EnergyNews Piet Holtrop, abogado de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.
¿Es posible que el Tribunal Supremo dictamine en contra del RD de Autoconsumo? “Hay precedentes como el bono social, donde el Supremo aplicó el derecho europeo, también la ley hipotecaria, el canon digital, el céntimo sanitario…”, explicó Holtrop, “obviamente el lobby eléctrico tiene intereses que si se tienen demasiado en cuenta, cosa que está ocurriendo a nivel político, puede ocurrir lo que los expertos llaman la espiral de la muerte, es decir, que a medida que los consumidores se desenganchen de la red, los ciudadanos que no lo hagan verán como sus facturas se disparan al aumentar sobre ellos los costes del sistema, lo que provocará un número cada vez mayor de desconexiones”.
Recurso ante la Comisión Europea
Junto con este recurso, el próximo 15 de diciembre se llevará también a Bruselas, ante la Comisión Europea, “para instar a que abra un expediente”, añadió Holtrop, “de hecho, ya en abril pasado tuve la oportunidad y el honor de defender una petición ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de un ciudadano español sobre la no regulación del autoconsumo y la Comisión Europea ya me indicó que estaba mirando con mucho recelo su desarrollo en España”.
“La Comisión Europea es otro órgano jurídico ejecutivo que si cumple la palabra, tendría que actuar, y si no cumple, será la vía judicial la que tenga que decidir finalmente”, concluyó Holtrop.
Mientras tanto, alegan ante el Tribunal Supremo que el Real Decreto de Autoconsumo no cumple la propia Ley del Sector Eléctrico, ni respeta todas las normas de rango superior, como son la Constitución Española, las Leyes y el Derecho Europeo, y por tanto, debe ser declarado inaplicable e ilegal.
Motivos para recurrir
“El decreto de autoconsumo está en contra de la legislación europea, vulnera la directiva de renovables, la de eficiencia energética y la de mercado eléctrico interior”, señaló ayer Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,“esperamos que se regule con sentido común y no obstante a partir del 20D todos los partidos políticos de la oposición han anunciado que iban a derogar este decreto y esperamos que cumplan con este compromiso”.
El secretario general de la asociación fotovoltaica Anpier, Juan Castro-Gil, indicó, por su parte, que la normativa va en contra de la ley de edificación, que fomenta las instalaciones solares en los bloques de viviendas.
“El decreto es una traba más al desarrollo de las renovables en España”, explicó Jorge González, de la junta directiva de APPA, “un freno más al desarrollo de la fotovoltaica, de la minieólica y otras tecnologías, además que es un Real Decreto que no se entiende”.
“Hay una mayoría social y política a favor de otras normas que favorezcan el autoconsumo y el Real Decreto intenta impedir el desarrollo de la libertad de todo ciudadano y de las empresas de ser responsables de una parte de su consumo”, añadió Pedro Palencia, de UNEF, «no pedimos ningún tipo de subvención. Sólo pedimos igualdad de condiciones y que se nos permita trabajar».
Por su parte, Ana Isabel Ceballo, presidenta de la Asociación General de Consumidores ASGECO
