Esta vez no se trata de carbón sino de níquel y cobre. Son las minas de Aguablanca, en Badajoz, que estaban a punto de cerrar y eliminar así unos 163 empleos directos, y ahora se ha conseguido prorrogar hasta el próximo 30 de junio ante las graves consecuencias económicas y sociales que supondría para la zona. Se espera que otra compañía pueda hacerse cargo de la explotación.
De las minas de Aguablanca, situada entre las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz, se extrae níquel y cobre. La mayoría de los casi 200 empleados proceden de los pueblos de la provincia de Huelva y Sevilla que abarca la explotación, como los onubenses Santa Olalla del Cala, Arroyomolinos de León y Cala y la localidad sevillana de Real de la Jara, aunque la sede central se ubica en Monesterio (Badajoz).
Tras finalizar en 2015 la explotación a cielo abierto, la filial de la canadiense Lundin Mining pretendía alargar hasta 2019 su actividad en la comarca trabajando el subsuelo, pero en febrero pasado, la empresa anunció el cierre de la mina ya que la “continuada” caída del precio de los metales hacía “inviable” el proyecto de extracción en galería.
Acuerdo de prórroga
Ante la dramática situación económica y social de la zona, el Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía y la de Extremadura se han reunido con la empresa Río Narcea, titular de la mina, para acordar no proceder al inminente despido de su plantilla, al menos hasta el 30 de junio y, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, prestar toda su colaboración en el proceso.
Según datos de Río Narcea, esta explotación ha dado empleo directo a 360 trabajadores hasta este mismo año. De ellos, 186 son propios (93% fijos y el resto, temporales) y 174 de las empresas contratistas.
Durante este tiempo adicional acordado, las partes tratarán de buscar posibles alternativas para esta zona, incluida la eventual transmisión de la explotación a otra empresa que pudiera estar interesada, de manera que se pudieran mantener los puestos de trabajo.
El nuevo proyecto de Aguablanca estima una producción total de casi 3,2 millones de toneladas para una vida útil estimada de 3,5 años. Esto es, hasta mediados del 2018. La idea de los propietarios mineros es continuar con campañas de investigación para que se pudiera ampliar el aprovechamiento de esta zona del sur de la comunidad autónoma.
Conflicto económico vs. ecológico
¿Economía o ecología? Mientras los trabajadores luchan por salvar sus puestos de trabajo, los defensores del medio ambiente denuncian que esta mina supone un riesgo para el agua potable de Sevilla y otras localidades, además de ser un proyecto muy contaminante, a la que consideran “un modelo de desarrollo insostenible y depredador del medio ambiente”.
Según Ecologistas en Acción
