Un informe publicado por Fundación Naturgy aboga por estrategias globales que permitan garantizar el suministro de minerales críticos para evitar que la transición energética se ralentice
El cambio a un sistema energético descarbonizado disparará la demanda de los minerales críticos necesarios para las nuevas tecnologías bajas en carbono, como las placas fotovoltaicas o las baterías. En función del escenario de reducción de emisiones que se considere en 2040, la demanda mundial podría multiplicarse de cuatro a seis veces respecto a la actual, por lo que se requiere una planificación adecuada para garantizar su suministro.
Los datos anteriores forman parte de las conclusiones de un informe elaborado por el catedrático Mariano Marzo y presentado por Fundación Naturgy.
Minerales críticos
“Los minerales críticos pasarían de representar un 11% del total del valor del comercio internacional de materias primas energéticas en 2019, al 47% en 2050, mientras que los combustibles fósiles evolucionarían en sentido inverso, pasando de un 89% a un 18%”, según el documento. El informe cita dos ejemplos de este crecimiento: “un coche eléctrico multiplica por seis las materias primas minerales utilizadas por un automóvil convencional (con motor de combustión interna) y una planta eólica requiere nueve veces más minerales que una central de ciclo combinado de gas natural”.
Litio, níquel, cobalto, manganeso y grafito son los llamados minerales críticos porque resultan cruciales para el rendimiento, longevidad y densidad energética de las baterías.
Los elementos de las tierras raras son esenciales para las turbinas eólicas y los motores de los vehículos eléctricos y las redes eléctricas necesitan una gran cantidad de cobre y aluminio. Estos son dos ejemplos de la nueva dependencia que la descarbonización puede generar.
En este sentido, Marzo sostiene que “la gestión de los impactos ambientales, económicos, sociales y geopolíticos generados a lo largo de toda la cadena de valor de las nuevas materias primas necesarias para la transición energética, desde su extracción y procesado hasta su reciclado final, constituye un enorme desafío”.
La vulnerabilidad del mercado
“La realidad es que, hoy en día, los planes de suministro e inversión en minerales críticos a escala global contemplan una actuación gradual, a todas luces insuficiente para mitigar el cambio climático, no están pensados para impulsar una transición energética acelerada, y presentan múltiples vulnerabilidades que podrían incrementar las tensiones en los mercados y la volatilidad de precios”, según el catedrático.
Entre los puntos débiles, destaca la alta concentración geográfica de la producción y el procesado, el largo periodo de tiempo que se requiere para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, el declive de la calidad de los recursos; el cada vez más exigente escrutinio ambiental y social de las empresas, y el incremento de la exposición a riesgos derivados del cambio climático.
China, a la cabeza
En plena carrera por el liderazgo de la transición energética, los estados están compitiendo por el control de las cadenas de suministro de las tecnologías bajas en emisiones de carbono. En este sentido, Marzo recuerda que “China encabeza de forma destacada esta competición. La posibilidad de que este país llegue a controlar la geopolítica de las cadenas de suministro de los minerales críticos y, por extensión, las de las tecnologías energéticas bajas en carbono, es real. Un supuesto que permitiría al gigante asiático ocupar una posición de privilegio en el hipotético nuevo orden energético global que podría derivarse de la actual situación de emergencia climática”.
Para Marzo, “reforzar la seguridad de suministro de los minerales críticos necesarios para la transición energética constituye un objetivo estratégico para la Unión Europea y cada uno de sus estados miembros”, por lo que aboga por asegurar una inversión adecuada en nuevas fuentes de suministro; promover la innovación tecnológica en todos los puntos de la cadena de valor; escalar el reciclaje; mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y la transparencia del mercado; incorporar normas ambientales, sociales y de gobernanza más estrictas; y fortalecer la colaboración internacional entre productores y consumidores.
